A deshoras

El requisito lingüístico del valenciano: Ximo Puig entre la espada y la pared

Ximo Puig, durante el mensaje de Año Nuevo, 2020 (Fotografía: GVA).

El pasado 26 de marzo, las Cortes Valencianas aprobaban la Ley de la Función Pública con los votos de los tres partidos de izquierda, los que conforman el Gobierno tripartito en el Consell de la Generalitat, PSOE, Compromís y Unidas Podemos, y la oposición (radical) de PP, Cs y Vox. Una sesión bronca en la que hubo intervenciones más que subidas de tono tanto de un lado como del otro. El asunto central: la ley prevé la implantación del requisito lingüístico del valenciano para optar a un puesto de funcionario en la Comunidad Valenciana, algo que se tendrá que concretar en un reglamento a un año vista.

Servidor llegó a la Comunidad Valenciana en 1984, que es cuando hice mis primeras prácticas de periodista en Radio Elche y el semanario Baix Vinalopó, que dirigía por entonces Pepe Andreu. 1984, un año después de que se aprobara la Ley de Usos del Valenciano, con Ciprià Ciscar al frente. Yo siempre digo “la Ley Ciscar”. Luego viví en Alicante, en Valencia y otra vez en Elche, mi pequeño país. Entiendo el valenciano perfectamente, lo hablo de aquella manera y procuro ser recíproco con las personas que se dirigen a mí en valenciano. Por educación. Cuando notan que a los diez minutos, o cinco, me expreso mejor en castellano, son ellos los que se cambian al castellano: siempre hay alguna excepción, claro, pero son eso, excepciones. Nunca he tenido problema por eso. Elche es una ciudad valencianoparlante, aunque con una amplia capa de población, descendiente de la inmigración de los 60/70, que no lo habla habitualmente, aunque lo haya aprendido en la escuela. En Alicante, donde transcurre y ha transcurrido más de la mitad de mi vida laboral, el uso del valenciano en la calle está muy “aminorado”, no nos engañemos. Intento en cualquier caso adaptarme a las circunstancias.

Escribir esto me coloca en una posición “buenista”, es decir, en tierra de nadie. Y el “buenismo” se confunde con ñoñería, con ser un blandengue, y todo ese tipo de cosas. Me da igual. Para mí es mera racionalidad: entender y hablar, de aquella manera, una de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad es lo menos que puedo hacer. Ya se sabe, uno es de donde pace, no de donde nace. Otra cosa, confieso, es que el valenciano fuera como el euskera… pero no, es una lengua latina. No es sánscrito, quiero decir.

Albergo serias reservas sobre el requisito lingüístico del valenciano en la función pública por varios motivos:

1) Puede generar actitudes de rechazo, más aún, hacia el valenciano, en determinados sectores, amplios, de las comarcas castellanoparlantes: Vega Baja, Aspe/Elda/Villena, Utiel/Requena, Alto Palancia y Alto Mijares, entre otras. Ahí tenemos, ocurrió hace escasos días, la tractorada en Pilar de la Horadada contra la Ley del Plurilingüismo de Vicent Marzà y su aplicación, el próximo curso, en la enseñanza media y formación profesional.

Vicent Marzà. Fotografía: Francesc Fort (Fuente: Wikimedia).

2) Las cosas estaban más o menos bien como estaban. El valenciano como mérito. Y aun así se producen incongruencias notables. Antes de las elecciones locales de mayo de 2019, el alcalde socialista de Elda, Rubén Alfaro, se disponía a sacar una ordenanza en la que el dominio del valenciano puntuaba más que una tesis doctoral para optar a un puesto en dicho ayuntamiento. El tema levantó mucha polvareda. La misma que podría levantar en el Ayuntamiento de Alicante si se exigiera a efectos retroactivos el requisito lingüístico, aunque fuera a “cómodos plazos”.

3) El requisito lingüístico en el personal sanitario, hablemos de los médicos, no tiene lógica. Se puede entender que un psiquiatra que vaya a ejercer en Alcoy tenga que tener un manejo más que aceptable del valenciano. O un médico de familia. No se entiende en el resto de especialidades médicas. Si yo estoy anestesiado en un quirófano, ¿qué me importa que el cirujano hable valenciano o chino mandarín? Si me parto la rodilla en dos, quiero el mejor traumatólogo… En este punto, y en otros, el PSOE está atrapado por Compromís (y especialmente por el Bloc de Enric Morra, Vicent Marzà, y Rafel Climent). Ximo Puig y la consellera responsable de la Ley de la Función Pública, Gabriela Bravo, no saben qué hacer. Habrá que esperar al reglamento.

4) El requisito jamás de los jamases puede ser una cortapisa para atraer la excelencia. Lo expresó gráficamente el diputado del PP José Antonio Rovira: “Pedro Duque, que habla siete idiomas, no podría ser funcionario de la Generalitat”. Olvida Rovira recordó que, ya en tiempos de Alberto Fabra y María José Catalá, hubo ofertas de empleo público para los sanitarios en las que el conocimiento del valenciano puntuaba más que un máster o que un doctorado.

Tras estas reflexiones, convendría que los unos y los otros, talibanizados, hicieran un ejercicio “zen” para que triunfara la cordura: cosa que no va a ocurrir. Cordura, sensatez y mano izquierda: no se lleva.

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Antonio Zardoya

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