Julia Llopis, entre el insulto y el desprecio

Mucho se habla y de forma reiterada de la mala suerte que tiene la ciudad de Alicante a la hora de elegir a sus alcaldes y alcaldesas, pero menos de la desgracia que, por unas u otras razones, padece la propia ciudad con alguno de sus concejales de área. De la incapacidad manifiesta de algunos de ellos podrían escribirse varios tomos, y en esos manuales de la desgracia el caso de la actual edil de Acción Social, Julia Llopis (PP), ocuparía seguramente, por reciente y por méritos propios, capítulo preferente.

Desde su nombramiento la responsable de Acción Social en esta última legislatura, ha ido pisando casi todos los charcos y lodazales que se atravesaban en su camino. Se diría que, incluso, tiene un extraño y atractivo disfrute en esa manera de proceder. Es quizás el suyo uno de los más paradigmáticos casos en los que la empatía, esa exigencia mínima que todo buen gestor público debería procurar, no solo brilla por su ausencia, si no que pareciera que su principal empeño consiste en alejarse de ella lo más posible.

En este sentido llama la atención su insistencia casi enfermiza en zaherir a los ciudadanos más vulnerables de la ciudad, bien sean éstos los habitantes de los barrios de la zona norte en plena pandemia o, más recientemente, los usuarios de los centros sociales que, por obvias razones, son mayormente el colectivo de las personas mayores que tienen en estos centros en muchas ocasiones un eje vital para su día a día y para su particular cuidado.

El caso de Llopis es, de alguna manera, el ejemplo casi perfecto de cómo una mala elección se va degradando hasta el límite de lo insoportable. Llegados aquí, poco importa que su gestión sea mala, regular o buena –está claramente en lo primero– pues sus salidas de tono hacen que el debate en torno a ella sea siempre el mismo: sobre sus irrespetuosas declaraciones y, a veces, sus palabras soeces y rayanas en el insulto a los ciudadanos.

La gestión de los centros sociales de Alicante es, posiblemente, el último eslabón de este triste paradigma, la prueba de que algo que se podía hacer mal no solo se hace mal –hay algunos de estos centros que llevan años, desde que el tripartito gobernara, con los servicios de restauración cerrados–, si no que la prueba de estrés a que los ha sometido la pandemia ha demostrado que el límite de la mala gestión no había sido aún superado.

Pedir una simple cita para los pocos servicios que aún mantienen abiertos estos centros –la mayoría de sus actividades siguen clausuradas a día de hoy– es cuestión de armarse de una infinita paciencia y de varias semanas por delante. Y de la vuelta a la normalidad ni se sabe, ni hay fecha, pues las que se dan se incumplen una y otra vez, y todo pese a que, como denuncian los propios usuarios, en otras poblaciones cercanas ya casi han recuperado su plena normalidad.

Pero si todo este dislate es una realidad viscosa que ocupa ya páginas de periódicos, tertulias, plenos municipales, mociones, reiteradas peticiones de dimisión, etc., lo peor de todo, y con mucho, son las formas verbalizadas en las malsonantes y despreciativas declaraciones hacia diversos colectivos ciudadanos por parte de esta edil. Y es que si hay algo peor que la incapacidad manifiesta para ejercer un cargo público de especial sensibilidad como el del área de servicios sociales, seguramente ese algo es hacerlo con actitud de condescendencia, con esa mirada altanera e indignante que ve al otro, a la otra, solo como un pobre demandante de servicios y no como un ciudadano con derechos.

Las reiteradas manifestaciones de desprecio de Llopis hacia los ciudadanos de Alicante podrían reunirse en otro manual de todo lo que no debiera hacer una concejala en una ciudad como esta con barrios en precario. Ya con motivo de los primeros meses de la pandemia se puso de relieve su incapacidad para gestionar las “colas del hambre” en esos momentos de zozobra y donde todas las manos eran pocas. No solo no ayudó, ni pilotó la operativa, sino que su política fue claramente la de entorpecer algunas de las iniciativas ciudadanas que solo pretendían rellenar los huecos que las administraciones dejaban con su negligente gestión. Su respuesta, entonces, rayana en el insulto y en la desconsideración, quedó grabada a fuego en una entrevista en la cadena Ser de Alicante: “No por ladrar más se tiene más razón”. Sobran los comentarios.

Solo esas despreciativas palabras, el tono chulesco, su insensibilidad hacia los más vulnerables, ya merecían sobradamente su relevo. No ocurrió. Seguramente porque ello habría supuesto abrir una crisis política en la gobernabilidad de la propia ciudad que podría haber afectado al propio primer edil y al bipartito y, quizás por esto, solo por esto mismo, se optó por el mal menor de dejarla dentro.

Por eso lo de ahora, ese desprecio entre caritativo y conmiserativo que recorren las tres famosas últimas palabras de la edil –“Les da vida”– dirigido a las personas mayores que hace unos días pedían en la plaza del ayuntamiento la reapertura efectiva de los centros sociales y la recuperación de las actividades, ya no solo no sorprenden, si no que demuestran que el error, el mayor error, es ella misma. Que ella siga en el cargo. Y eso ya no es su responsabilidad, esa responsabilidad es más bien de otro. Y ese otro tiene nombre y tiene apellidos. Es quien la nombró y quien aún la mantiene en el cargo. Se llama Luis Barcala.