Trescientas... y pico

El TC, Castedo, Alperi y Ortiz, una Justicia en minúsculas

Tribunal Constitucional de España. Fotografía: K3T0 (Fuente: Wikimedia).

De alguna manera siempre hemos creído que la Justicia en mayúsculas para ser justa y creíble ha de ser entendible, comprensible para una mayoría, y que sus resoluciones deben ser como un bálsamo que aminore el dolor que nos provocan aquellos comportamientos que nos parecen impropios y alejados del sentido común. Sin esta segunda condición, sin que sirva para resolver los conflictos, difícilmente se alcanzará la primera. Algunas de las sonadas últimas resoluciones judiciales pareciera que van justo en sentido contrario. Por incomprensibles, porque más que resolver pareciera que pretenden justo lo contrario: crear nuevos problemas, provocar conflictos donde casi ya no los había. Y porque más que asentar principios, certezas, pareciera que abren abismos de oscuridad donde habitaba una cierta claridad.

Una de ellas, de esas resoluciones judiciales confusas que nos perturban, más que nada por su trascendencia a futuro, es la sentencia del TC (Tribunal Constitucional) sobre el primer estado de alarma del gobierno de Pedro Sánchez. Recuerden, el decreto que posibilitó hacer frente a un hecho excepcional, del que casi todo se desconocía, como está siendo la pandemia del covid-19 y, casualmente, justo el único decreto de la serie para este mismo fin que tuvo casi la plena unanimidad de los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Son presumibles nuevas malas noticias.

Tan extraña resolución ha sido promovida por el recurso del grupo de político de extrema derecha Vox, quien, curiosamente, también aprobó ese primer estado de alarma, y ha abierto un profundo debate en el que ni siquiera conspicuos especialistas en Derecho parecen ponerse de acuerdo sobre si era suficiente dicho estado de alarma para la limitación de derechos o el gobierno debería haber recurrido al estado de excepción, que ese, y no otro, es el fondo de la cuestión.

Entrada en Alicante un domingo de abril de 2020 (Fotografía: Ángel García Catalá).

¿Puede una resolución como esta, que afecta a derechos fundamentales y a la arquitectura de la convivencia, llegar con casi año y medio de retraso? ¿Es entendible que argucias jurídicas de difícil comprensión para una gran mayoría de la ciudadanía acaben complicando y desarmando la batalla de futuras pandemias, catástrofes, que, a buen seguro, vendrán? De lo mucho leído y publicado sobre el tema, me parece esclarecedor el artículo del periodista y director de elDiario.es Ignacio Escolar sobre el tema y que pueden leer en este enlace. En ella, el periodista reflexiona sobre las contradicciones de la sentencia, los espurios intereses de los grupos políticos que la han propiciado y el guirigay jurídico al que nos enfrentamos por esta estrambótica resolución en caso de una nueva pandemia. Para preocuparse.

La otra, más profana, más de andar por casa, y de más limitado alcance si se quiere, es la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante que casi todos habíamos ya casi olvidado. Es esta seguramente, y por extraño que parezca, mucho más sonrojante y puede que tenga unas consecuencias incluso más devastadoras para la credibilidad del propio sistema judicial que la del TC en el ámbito de la corrupción político-empresarial. Me refiero a la decisión judicial claramente favorable a los intereses del empresario Enrique Ortiz (y otros) y a los exexalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Y cuando digo que es mucho más sonrojante, no es solo por la resolución en sí misma, que suponemos en buena lógica habrá llenado de gozo tardío a la “absuelta” Castedo y a los medio absueltos Alperi-Ortiz, sino porque es una sentencia que llega con d-o-c-e años de retraso, casi una generación después, y porque varios de los procesados absueltos el empresario ilicitano Ramón Salvador y el propio Enrique Ortiz– ya habían reconocido en Fiscalía su culpabilidad.

Llegada de Sonia Castedo a la Audiencia Provincial de Alicante (Fotografía: Álex Domínguez).

También, y este es un factor a tener en cuenta, por su escaso poder ejemplificador, ya que son muchos quienes puede que ni sepan quiénes fueron Castedo, Alperi y Ortiz y cuáles las fechorías por las que fueron juzgados, y, fundamentalmente, porque una resolución que ha acumulado tal retraso difícilmente puede ser justa, como igualmente no lo habría sido si la misma hubiese sido en sentido contrario y las penas no hubiesen sido tan ridículas como las dos multas por cohecho impropio para el empresario Ortiz y el exalcalde Alperi.

Y resulta particularmente extraña y estrambótica porque, además, una de las posibles lecturas que algunos van a hacer es que aquellas prácticas de obscena connivencia e impúdicas relaciones entre el poder político, representado por Alperi-Castedo, y el empresariado, centrado en la figura de Ortiz pero no solo, fueron un tema menor, cuando todos sabemos gracias a la lectura de cientos de informaciones, a la escucha de decenas de grabaciones, que aquel periodo que ahora ha “blanquedo” la Audiencia con su sentencia, corresponde al  tiempo de mayor y oscura putrefacción política de la reciente historia de Alicante.

Llegada de Díaz Alperi a la Audiencia Provincial de Alicante (Fotografía: Álex Domínguez).

Quizás, por el carácter humorístico y agrio al mismo tiempo, uno de los resúmenes más acertados de todo aquel periodo y de los doce años de investigación judicial que siguieron, esté resumido en el titular de la crónica publicada en el digital alicanteplaza.es por el periodista Raúl Navarro: “La Audiencia desmonta la trama del PGOU por falta de pruebas: todo queda en un viaje y una chaqueta”.

Seguramente es eso, que los diferentes actores de la Audiencia Provincial más que trabajar para certificar lo que todos –o casi– estaban convencidos de que existía y pensaban, lo mismo que algunos de los acusados reconocieron en sede judicial, han ocupado doce años para buscar la vía de exculpación, para resumirlo todo en ese mal chiste de un “viaje” y una “chaqueta”. Poco más que decir tras el luminoso titular. Todo para nada. El trabajo de años de toda una Audiencia Provincial, de una Fiscalía Anticorrupción, de decenas de policías y guardia civiles, cientos de horas de grabaciones, cuya escucha han debido sonrojar a todos menos a sus partícipes, resumidos en eso, en un viaje de ocio y en una prenda de vestir.

Enrique Ortiz durante el juicio (Fuente: https://12endigital.es/).

Son solo dos recientes ejemplos, uno al más alto nivel judicial, otro más casero, más comprensible, que nos hablan de que la corrosión de la vida política que vemos todos los días en el Congreso de los Diputados, que sufrimos estoicamente en las declaraciones de diputados y diputadas, empieza a carcomer también y de alguna manera a uno de los pilares básicos que contienen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones cuando otros diques amenazan ruina.

Seguramente una sociedad informada puede aguantar la aparente degradación del poder legislativo, las dificultades para gobernar de un gobierno en clara minoría como el del presidente Sánchez, las invectivas rayanas en el golpismo declarativo de la oposición, pero lo que puede que tenga peor solución es que empiece a correr la especie de que la Justicia en mayúsculas está empezando a dejar de resolver problemas acorde a la ley, a encauzar conflictos, y que empiece a ser ella misma otro problema más, que enraice la imagen de que la tensión política de fuera se traslade al interior de los órganos judiciales. Eso, puede que tenga peor salida. Peor solución. Y pareciera, a veces, que caminamos hacía ahí. Hacia una justicia en minúsculas.

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Pepe López

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  • Estimado Pepe, no olvides que la Justicia ve los billetes de banco por debajo de la venda de sus ojos, y al recogerlos la balanza se desequilibra a un lado o a otro. Pero después de todo este teatro judicial, te digo que al pueblo llano no lo engaña nadie.

    • Eso que dices Ramón puede efectivamente pasar en algunas o en muchas ocasiones, que el precio de la cosa marque el sentido de la resolución, pero creo sinceramente que si en aplicación de Ley la Justicia no guarda al menos las mínimas apariencias de imparcialidad y alejamiento, y además hay como es el caso graves problemas para explicarla y entenderla, entonces la consecuencia para la convivencia no augura nada bueno… porque ese viejo dicho de “justicia para pobres y justicia para ricos” puede tomar carta de naturaleza y entonces…

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