Hace escasos días acudí como invitado a la XV Gala ‘Off The Record’ organizada por la APPA, detalle que agradezco a sus organizadores. En dicho acto se insistió, con un gran discurso de su presidenta, en la necesaria defensa de la ética y la libertad de expresión de los medios de comunicación como garantía de una democracia saludable. No se trataba de un lugar común propio del gremio, sino de una demanda urgente. España está descendiendo peldaños en la escalera de la libertad y la complicidad de muchos medios de comunicación —la prensa que decíamos antes y que igual sigo usando el resto del artículo— tiene una parte no menor en el deterioro institucional que sufrimos. Cuando la prensa permite comparecencias sin preguntas; cuando normaliza la eliminación sistemática del profesional crítico; cuando los medios públicos como RTVE o las cadenas regionales se convierten en altavoces del poder que les paga con los impuestos de todos; cuando se moteja de “ultra” a una fuerza política sin titubeos cada vez que se da una información sobre ella o en la que aparezca, aunque sea de refilón; cuando se mezcla la información con opinión (especialmente en los medios de gestión pública); cuando se limita o ridiculiza la presencia de quienes disienten del discurso “correcto”, aun a costa de torturar los datos; cuando se magnifican los delitos de unos y se diluyen los de otros porque contradicen la narrativa oficial; es decir, cuando se practica sectarismo en lugar de información rigurosa u opinión explícita, se está destruyendo un fundamento básico del estado democrático, que es el libre y veraz acceso a la información del ciudadano. En España esto es el pan nuestro de cada día.
Decía Bernard Shaw que “la gente que lee periódicos tiene más miedo a morir que la gente que lee libros”. Esta ingeniosa punzada señala al sensacionalismo, la exageración o la simple superficialidad, por ello es un deber de quien aspire al rigor periodístico que eso no ocurra. Pero más importante aún, hay que evitar que los que acudan a los medios de comunicación con alta reputación de veracidad, en realidad se encuentren con que están siendo contaminados por el sesgo oculto, la parcialidad velada, la mentira subvencionada o la apología acrítica. Algunos de los más reputados columnistas han sido expulsados o han abandonado medios que llegaron a tener mayor credibilidad que el BOE por su deriva ideológica, su sesgo gubernamental y su falta de pluralismo. Gigantes de la libertad como Savater nos muestran el camino, aunque sea doloroso.
Acusar de fascismo es un comodín que anula cualquier intento honesto de diálogo. Ser fascista se identifica sorprendentemente con la derecha, aunque originalmente fue un socialismo de corte nacionalista, como el comunismo es un socialismo de vocación internacionalista. El término se ha usado tanto-se sigue haciendo- que ha perdido algo de efecto por aburrido hartazgo. De hecho, no ser insultado como tal demuestra tu irrelevancia política. Parece que no haya otro peligro que amenace la convivencia democrática y es utilizado obsesivamente por la izquierda para señalar el lado bueno de la historia que, naturalmente, ellos ocupan, faltaría más.
En el periodismo usar este calificativo es un lugar común, en la educación parece una obligación moral, en la política un arma de deshumanización del rival. Sin embargo, las tiranías que asolan gran parte del mundo no son regímenes fascistas entendidos como de derechas, sino teocracias medievales o dictaduras socialistas y sus defensores apenas pagan precio alguno. En España están en el gobierno o son sus socios y, desde la pureza del antifascismo, nadie les reprocha la proximidad con sistemas que oprimen, encarcelan y arrastran millones de muertos.
«Hay que dejarse de mariconadas y salir a la caza del fascista». Todo el mundo recuerda a Pablo Iglesias alentando a sus huestes con esta frase tan heteronormativa y cispatriarcal, si estas sandeces significan algo. Cómo puede un elemento así ir de plató en plató dando lecciones de democracia a nadie. Cómo consienten las asociaciones de derechos LGTBQ+ a este tipo y sus secuaces sin afearle su agresividad neandertal. Cómo no le impone ningún partido una línea roja para separarlo del mundo civilizado del juego político. Pues muy sencillo, porque al final no aparecía la palabra rojos, sino fascistas, y eso excusa toda la homofobia y el odio guerracivilista que conlleva esa amenaza.
Llamar fascista a alguien o algo es una patente de corso, un salvoconducto. Vox es motejado así en cada ocasión que sale su nombre. Pero la realidad es que Vox es el único partido nacional que ha sufrido violencia física sistemática en mítines, carpas informativas o actos electorales en nuestra democracia reciente (Vallecas. ¡No pasarán!). Ni PSOE, ni PP, ni Podemos, ni Sumar, ni Bildu han sufrido algo comparable en intensidad y repetición. Eso es un hecho empírico. Bien, pues a pesar de esto, de que sus objetivos e ideas fundacionales se ajustan a la Constitución Española, de que carecen de asesinatos en sus mochilas, de que no han dado golpes de Estado separatistas, de que no prohíben estudiar a los niños en la lengua común de los españoles, son los únicos a los que sistemática y obsesivamente se califica de ultras, que es el complemento perfecto para definir al fascista —agresivo por naturaleza— y no repetirse más de la cuenta.
Así como todo pregón lleva la frase: en este marco incomparable, cada artículo, editorial, información o comunicado en el que aparece Vox lleva, como las cuentas de un rosario, un puñado de ultras diseminados para que no quede duda sobre la peligrosidad de esta gente y unos cuantos fascistas para saber en qué lado están. ¿Puede la prensa continuar con este tratamiento, tan injustificadamente discriminatorio, y seguir apelando a los valores de objetividad, rigor y veracidad?
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