La democracia se sostiene sobre una materia prima tan frágil como imprescindible: la confianza. No hay urnas, leyes ni instituciones que puedan funcionar durante mucho tiempo si los ciudadanos dejan de creer en quienes las representan. Y quizá esa sea una de las sensaciones más extendidas en la sociedad actual: el desasosiego de ver cómo, uno tras otro, los referentes políticos acaban cayendo del pedestal donde muchos los habían colocado.
No hablamos únicamente de ideologías. Ni de izquierdas ni de derechas. Hablamos de algo mucho más profundo: de la decepción que siente un ciudadano cuando descubre que depositó su voto, su esperanza o su confianza en personas que no estuvieron a la altura de las responsabilidades asumidas. La historia reciente está llena de ejemplos. En la Comunitat Valenciana, la gestión de la dana por parte del president Carlos Mazón ha generado una profunda controversia y ha dejado una huella política que difícilmente desaparecerá en mucho tiempo. En Alicante, la gestión municipal de las viviendas protegidas de la playa de San Juan ha provocado dudas, críticas y una creciente sensación de que las administraciones, concretamente el Ayuntamiento de Alicante, no siempre responden con la eficacia y la transparencia que los ciudadanos esperan.
Pero el desencanto no entiende de colores políticos. Quienes defendieron durante años la política educativa del Consell presidido por Ximo Puig tampoco olvidan decisiones como la supresión del requisito de la “capacitació docent en valencià” para acceder a la carrera docente por parte de la conselleria que presidía Vicent Marzà. Una medida que muchos consideraron una renuncia injustificada a la protección y promoción efectiva de la lengua propia.
Si ampliamos la mirada, encontramos decepciones que han marcado generaciones enteras. Miles de votantes apoyaron a Felipe González cuando defendía el célebre “OTAN, de entrada no”, para asistir después a un giro político que culminó con la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Otros observan hoy con desconcierto las durísimas críticas que el expresidente dirige a la actual dirección socialista y la evolución ideológica de algunas de sus posiciones públicas. Más recientemente, incluso figuras que parecían conservar un amplio prestigio transversal han empezado a verse envueltas en debates y controversias que erosionan la imagen construida durante años. José Luis Rodríguez Zapatero fue reconocido por importantes avances sociales y durante mucho tiempo proyectó una imagen de moderación institucional y limpieza política. Sin embargo, su imputación, con la investigación correspondiente iniciada, rompe, sea cual sea el resultado final de esta, su referencia para quienes le apoyaron mayoritariamente.
Y es precisamente ahí donde reside el problema. No es que existan errores. Los errores son inherentes a cualquier actividad humana. Lo verdaderamente corrosivo para una democracia es la sensación de que quienes debían representar el interés general terminan anteponiendo intereses partidistas, personales o estratégicos. Que quienes prometieron una cosa hacen la contraria. Que quienes exigían responsabilidades a otros dejan de hacerlo cuando ocupan el poder.
No es casualidad que, en este contexto, una parte creciente de la ciudadanía busque respuestas en opciones populistas. Cuando los partidos tradicionales decepcionan una y otra vez, aparecen quienes ofrecen soluciones simples para problemas complejos. Desde la extrema derecha, con Vox a la cabeza, hasta otros movimientos antisistema de distinto signo, proliferan discursos que identifican enemigos, apelan a los instintos más básicos y se presentan como supuestos salvadores de la patria. La historia demuestra que esos caminos rara vez conducen a sociedades más libres o más justas. Al contrario. Los momentos más oscuros del siglo XX nacieron, en muchos casos, de una profunda crisis de confianza en las instituciones democráticas. Cuando los ciudadanos dejan de creer en el sistema, se vuelven vulnerables a quienes prometen respuestas fáciles, rápidas y contundentes.
Por eso el verdadero desafío no consiste únicamente en castigar a quienes decepcionan. Tampoco basta con esperar pasivamente a que la justicia actúe cuando corresponda. El reto es más ambicioso: reconstruir una cultura política basada en la exigencia, la honestidad y la responsabilidad. Necesitamos representantes preparados, con convicciones claras, programas coherentes y capacidad de gestión. Políticos que entiendan, pues, que gobernar no es alimentar trincheras ideológicas ni fabricar titulares para las redes sociales, sino mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. De toda la ciudadanía, sin exclusiones, sin sectarismos y sin convertir al adversario en enemigo.
Porque la democracia no muere de golpe. Se erosiona lentamente cada vez que una promesa se incumple, cada vez que una responsabilidad se elude y cada vez que la confianza se traiciona. Y quizá el mayor peligro de nuestro tiempo no sea la corrupción, la incompetencia o el oportunismo político por separado. Quizá sea algo aún más grave: que una generación entera llegue a convencerse de que todos son iguales. Si ese día llega, habremos perdido mucho más que la confianza en unos cuantos dirigentes. Habremos empezado a perder la confianza en la propia democracia. Todavía estamos a tiempo de evitarlo. Pero para ello no bastará con exigir mejores políticos. También tendremos que ser capaces, entre todos, de encontrarlos, exigirles y apoyarlos cuando aparezcan. Sean de la ideología que sean, aunque cada uno de nosotros tengamos nuestras preferencias…
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