Los maestros y profesores por fin pueden manifestarse y convocar huelgas por la dignidad de la Educación; bueno, para la mayoría de los convocantes es por la dignitat, algo mucho más serio. No han podido hacerlo antes porque mandaban los del Botànic y cuando gobierna la izquierda, más si es separatista, todos sabemos que la culpa —de lo que sea— es del fascismo y la ultraderecha, por eso han estado tantos años inmóviles. Pero ahora, ¡todos a las barricadas! Y los alumnos son guiados por el Sindicat d’estudiants del País Valençià, organización de orientación marxista. Ese fantasma sigue siendo el comunismo.
¿Existen motivos justos para esta huelga? No. Es una huelga de la izquierda para desestabilizar y del separatismo para continuar el proceso de balcanización llamado Països Catalans. Han ido cociendo el caldo de cultivo desde principio de curso para, deliberadamente, arrojarlo a la cara del Gobierno y de la sociedad en el momento más dañino para los intereses de los alumnos, padres y el funcionamiento de la propia administración educativa. Han sazonado el brebaje con subidas de sueldo, reducción de ratios, disminución de burocracia, mejora de infraestructuras, inclusividad y recursos educativos. Tenía buen color y se suponía que mejor sabor, pero la izquierda separatista, como la bruja de Blancanieves, se reservaba la pócima venenosa para el final: una onza de rechazo a la Lley Rovira o de Libertad Lingüística que espese bien la bazofia. Todo en valenciano y solo en valenciano.
Qué curioso, una reclamación que no aparecía en los comienzos pasa, de repente, a ser la primera en la lista de peticiones, con la ventaja de que además no cuesta, vamos, que al gobierno le saldría prácticamente gratis. Todo este aparato para lograr erradicar el español del sistema educativo. Como prestidigitadores son inmejorables.
Los sindicatos hacen suya una estrategia de demolición perfectamente diseñada con tácticas de guerrilla para provocar el mayor daño posible, creando la impresión de que todos los males que aquejan a la enseñanza son consecuencia del actual gobierno, al que hacen culpable del caos que deliberadamente persiguen. Como explicar esto es bochornoso y demuestra una voluntad de dinamitar la consejería de Educación, pues lo distribuyen entre los activistas más cafeteros/revolucionarios a través de La Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV). Ahí explican cómo van a demoler cualquier posibilidad de acuerdo a través de la presión social y mediática. En ese documento interno explican las fases de agitación y propaganda a seguir para:
- Paralizar evaluaciones
- Afectar la PAU
- Bloquear promociones
- Alterar la conciliación familiar
- Colapsar el cierre de curso
¿Pero tienen razón los maestros y profes? NO. Expliquémoslo.
No es aceptable señalar ahora una pérdida salarial que viene desde 2010 y que el Botànic tampoco resolvió, más cuando la mayor parte de las subidas salariales docentes provienen de acuerdos estatales de función pública, no de complementos autonómicos valencianos y cuando gran parte de la pérdida de valor está producida por la inflación, que señala a un Gobierno incapaz de sacar ni un presupuesto.
Las ratios en la Comunidad Valenciana están en márgenes similares al resto de comunidades, se ha extendido a 25 en primaria y se mantienen casi idénticas a las que había con el anterior Gobierno. Además, como demuestra la experiencia, pequeñas reducciones de ratio, a partir de ciertos niveles, apenas contribuyen al bienestar educativo. Mi bisabuela en Zamora tenía más de 100 alumnos, de edades diferentes, y salían sin poner faltas y con una caligrafía excelente; quizá esta invasión de pedagogía progresista ha creado un monstruo ingobernable en el que el profesor naufraga y el alumno cada año baja más sus competencias.
¿Faltan profesores y maestros? Falso, estamos en máximos históricos, entre 77 000 y 83 000, según series, con un incremento de más de 8000 docentes en dos años. Habrá faltas en determinados centros, pero la administración, de ningún modo ha abandonado el sistema.
¿La inclusión en peligro? El peligro es cómo está creciendo el número de niños con NEE y NEAE. La consejería ha aumentado el número de unidades específicas en centros ordinarios (UECO), incrementado los recursos especializados y el refuerzo de dispositivos inclusivos. Quizá las políticas de inmigración masiva, los nuevos modelos de vida y el sobrediagnóstico contribuyan más que la dejación del Gobierno. Es prácticamente imposible acompañar el crecimiento de la demanda y ni siquiera sé si es razonable.
¿Menos burocracia? ¡Vaya!, pero si desde la LOGSE en los 90 no se ha hecho más que complicar la labor del docente, con todo tipo de papeleos y protocolos. ¿Ahora? Hay que tener rostro para echar en cara un sistema que ha sido bandera de la izquierda. ¿O es que el papeleo absurdo es cosa de este Gobierno, que ha ofrecido un acuerdo de simplificación burocrática sin obtener respuesta? El papeleo actual viene de la evaluación competencial, de los planes individualizados, de los protocolos de convivencia, de la inclusión, de la digitalización y de la normativa estatal. Todo adobado de un lenguaje ininteligible, pedante y vacío. ¿Menos burocracia? Echemos a la basura toda la porquería woke que inunda programaciones y currículos universitarios y volvamos a dar en clase contenidos, cosas que hay que saber para no ser un imbécil con título, para que, si un bachiller se acerca a Galdós, no tenga la sensación de estar ante la Piedra Rosetta.
La verdad completa: no hay menos presupuesto, no hay menos profesores, las ratios no se han disparado y los problemas salariales y de inclusión vienen de muchos años atrás, incluidos ocho años del Botànic. La solución exige responsabilidad y negociación, no relatos simplistas y acciones de guerrilla como propone la Coordinadora d’Assemblees de Docents del País Valencià (CADPV). Por cierto, cerca de 30 reuniones sectoriales no muestran a un Gobierno cerrado a la negociación.
Los docentes están jugando a la Revolución del 68, han compuesto un calendario de demolición del sistema y cuentan con el apoyo irresponsable de parte de la comunidad educativa, los medios y no pocos padres y alumnos, todo sin presentar una idea válida sobre cómo hacer mejor su trabajo para que los resultados se ajusten un poco a la inversión per cápita que reciben los estudiantes, como denuncia Idiomas y Educación.
Aunque, no nos engañemos, el principal impulsor de sus espurios objetivos es el propio Gobierno, esa derecha tontita que nunca ha entendido la importancia de la batalla cultural, la misma que ha permitido que la universidad sea un vivero de mediocridad y adoctrinamiento. Seguid así, que vais bien.
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