La conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana vuelve por donde solía. A reverdecer los viejos laureles de la desvergüenza propia y el sonrojo ajeno. Al campo de lo estrafalario y lo estrambótico que tantos éxitos les dio en el pasado. La conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana, comandada ahora por unos dirigente que hablaban de desideologizar la educación cuando andaban por los pasillos de la oposición, buscan otro éxito en la cartelera nacional de los despropósitos patrios, no importa el precio, no importan sus consecuencias.
En línea con aquellos tiempos pretéritos, tan lamentables y oscuros que llevaron, entre otras estrafalarias iniciativas, a la inverosímil intentona del no menos estrafalario conseller de entonces, Alejandro Font de Mora, de intentar imponer el chino en las escuelas de la terreta para boicotear las clases de Educación para la Ciudadanía, ahora acaban de sacarse de la bocamanga unos criterios que clasifican como extranjeros a los alumnos nacidos, pongamos por caso, en Yecla (Murcia), Caudete (Albacete) o Tortosa (Tarragona); o, como otro ejemplo más de sectarismo, regalar puntos en la baremación a los aspirantes que colaboren en la parroquia del barrio, sin aclarar si ser monaguillo en misa de los domingos daría puntos o hay que hacer algo más.
Porque de esto va en esencia el peligroso contenido de la orden y normativas dadas a los centros educativos para proceder a la baremación y admisión del alumnado de cara al próximo curso escolar. Dejar la puerta abierta a que circunstancias tan particulares, tan circunstanciales, como llevar una serie de años viviendo en la Comunidad Valenciana, haber nacido o no en ella —en Pinoso, sí; en Yecla, no— sean determinantes para acceder a un puesto escolar; o el estrambote ese —textual— de puntuar la “colaboración con la obra social de la parroquia”, como criterio para obtener más puntuación en la carrera para la admisión en los centros escolares. Y no es —no solo— ideología de la peor estofa llevada a las aulas, sino que nos habla de gente retorcida, rancia, de mala gente, de gente a la que lo que menos les importa es, precisamente, la educación, si no es, claro, la educación de los suyos.
La filósofa valenciana Adela Cortina ya nos describió en 1995 con precisión de relojero suizo el fenómeno al que asistimos ahora con esa novedosa palabra que ella inventó y que la RAE acabó aceptando como propia. Hablamos, sí, del concepto de aporofobia, la respuesta de la peor jaez que definen algunas reacciones y respuestas ante lo desconocido. En palabras de Cortina, entonces, la xenofobia y el racismo como expresiones de rechazo, no serían —no solo— la aversión al extranjero, tampoco al que practica otra religión, ni siquiera al que tiene otra cultura, sino que la circunstancia común y necesaria que les da consistencia y posibilita la aparición de la xenofobia y el racismo sería la pobreza que los embadurna. Sólo ella.
Lo demás, si hay dinero por medio, y como bien sabemos, es admisible, tolerable, a veces hasta deseable. De modo que sí, ninguna de las otras tres circunstancias, solas o mezcladas entre sí —ser extranjero, practicar una religión diferente a la católica, tener costumbres culturales bien distintas a las locales— serían entonces razones suficientes para que ese rechazo, la xenofobia y el racismo, tuvieran carta de naturaleza si la pobreza no está presente en ese cóctel.
Porque de eso van estos esperpénticos decretos y estas decisiones para filtrar los deseos de los padres y la disponibilidad de plazas en centros escolares pagados con fondos públicos, sean éstos concertados o públicos, decisiones que a buen seguro solo ayudarán a cavar nuevas fosas de desigualdad, órdenes que caminan en la senda de la guetificación, si se me permite el palabro, de la población escolar.
Y sí, digámoslo claramente, por cuestiones como éstas este es un gobierno que, claramente, practica una suerte de aporofobia educativa y social. La segregación de los alumnos en razón de la cuenta corriente de sus padres, de su lugar de nacimiento, de sus creencias religiosas. Un gobierno capaz de echar gasolina a las corrientes de negacionismo y racismo que, otra vez, recorren Europa. Un gobierno que, en definitiva, reclama para sí, con orgullo y con inaudito cinismo, aquello de los ocho apellidos valencianos como razón de ser y de estar. La nueva serie que se graba estos días y que se estrenará la próxima temporada… si nada ni nadie impide el desafuero.
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