Trescientas... y pico

La casta de los jueces

Imagen de la Apertura del Año Judicial 2022-2023 (Fuente: CGPJ).

Una de las técnicas que más rédito dan en política, en economía, parece que también en justicia, es hacer ruido, crear confusión, embarrar el terreno, lanzar mensajes que nada o poco tienen que ver con el debate de fondo, acusaciones zafias sobre la realidad que está en discusión. Hacer correr y difuminar los límites de lo que es objetivamente cierto y lo incierto, hasta el punto de hacer casi imperceptible la línea que separa ambos lados, es la mejor estrategia para emponzoñar cualquier posible cambio, cualquier mejora.

Es exactamente esto lo que lleva haciendo el Partido Popular desde hace cuatro años a propósito de la renovación de los órganos judiciales y constitucionales, primero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, últimamente, también del Tribunal Constitucional. Lo demás, todo ese debate sobre el reparto de responsabilidades, las maniqueas acusaciones sobre la independencia de los jueces y la politización de la justicia, es solo eso: ruido y confusión a beneficio de inventario.

Sede del Consejo General del Poder Judicial de España. Fotografía: Luis García —Zaqarbal— (Fuente: Wikimedia).

La Justicia en este país es, y por decirlo por derecho, claramente y como dijo el exalcalde de Jérez Pedro Pacheco en el siglo pasado, más un cachondeo que otra cosa, y está dirigida por “unos okupas” en palabras recientes y acertadas del director de eldiario.es, Ignacio Escolar. Pero, además y más peligroso, también sigue siendo una casta cerrada donde penetra con dificultad el aire de la calle, como lo prueba el hecho cierto de que una inmensa mayoría de los jueces y magistrados son claramente conservadores, al menos en sus escalafones más altos. Eso no es una casualidad y tiene más bien una causalidad y una intencionalidad política muy profundas que explicarían bien lo que pasa ahora, lo que ha pasado siempre que la derecha no ha gobernado. En palabras de la directora del El País Pepa Bueno, renovar el órgano de gobierno de los jueces no debería ser calificado nunca de un asalto al Poder Judicial: es simplemente cumplir la Constitución.

Y lo es lo del cachondeo, los de los okupas, lo de la casta— en primer lugar, por el sesgo conservador de la mayoría de los jueces y magistrados. Este conservadurismo de cuna es un rasgo que viene en parte derivado de la falsa creencia de que existe un cierto derecho privativo, de linaje y de apellido, también económico, en el ejercicio de este poder, una de las tres columnas donde se asienta el sistema democrático.

Fotografía de grupo de Su Majestad el rey con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, Apertura del Año Judicial 2022-2023 (Fuente: © Casa de S. M. el Rey).

Es cierto que no está escrito en ningún manual, en ninguna ley, y que nada impide formalmente que un ciudadano cualquiera llegue a las altas magistraturas de la Justicia de este país, pero la realidad y su consecuencia es esa: los jueces y magistrados son mayormente una casta aparte. Eso, digámoslo también para alerta de incautos, nada tiene que ver con ser buen o mal juez. De hecho, es posible que uno sea un magistrado conservador y sea a la vez un gran juez, como lo sería ser progresista y terminar siendo un malísimo impartidor de justicia. Una cosa no lleva a la otra, pero ese no es el debate que deberíamos mantener ahora como sociedad democrática y madura. Este  es otro lío más.

El poder judicial es, junto al legislativo y al ejecutivo, uno de los tres grandes poderes que deben emanar de la soberanía popular y, como tal, deberían en todo momento poder reflejar democráticamente a esa sociedad y a sus cambios a través de las leyes que se dicten. Así está en la Constitución en su capítulo VI Artículo 122, donde se insta al legislativo a regular su funcionamiento y todo lo que sea salir de ese carril rozaría la inconstitucionalidad. Sin embargo, hoy esa ley, la del gobierno de los jueces, es de 1985, de tiempos de Felipe González como presidente del Gobierno, con una pequeña modificación en el 2013 con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno. El objetivo de aquella legislación era mayormente dar una primera capa democrática al órgano de gobierno de los propios jueces, pero sin tocar el fondo, que es donde realmente estaría el problema.

En segundo término —lo del cachondeo, lo de la casta— lo es en parte porque el PP, como partido conservador que es y alternativa real de gobierno, nunca ha estado ni estará interesado en democratizar realmente el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Ya le va bien con lo que hay. Pero, además, y como vemos sucede con el ejercicio del poder y los sucesivos intentos de deslegitimación de gobiernos de izquierdas, cree tener ahí, en el marco judicial, un cierto derecho de pernada que le hace actuar con una cierta prepotencia, rayana en la chulería y, claramente, en la inconstitucionalidad.

Cuando el PP (también Ciudadanos, Vox y otros) hablan de democratizar la Justicia y de que los jueces elijan a los jueces, lo que están defendiendo sin decirlo es realmente este sistema de castas no escrito derivado de una carrera judicial que hinca su raíces en el s. XIX y que necesitaría de una puesta a punto y de una actualización, simple y llanamente para hacer cumplir lo que la propia Constitución dice: que los jueces y magistrados reflejen lo más certeramente posible el pensamiento de la sociedad a la que tienen que impartir justicia. El resto, ya lo dijimos antes, ruido y confusión. Lío.

Nos podríamos preguntar porqué si esto ha sido posible en otros ámbitos relevantes de nuestra sociedad, el propio poder ejecutivo, el legislativo, también en la educación o la sanidad por citar dos ejemplos relevantes, ¿por qué este tránsito y esta apertura de ventanales no se ha llevado a cabo en el aparato judicial? Esa es una pregunta necesaria. Como lo sería esta otra: ¿Bastaría con cambiar las leyes o sería necesario, saludable y democrático igualmente airear las estancias donde se imparte justicia?

Imagen de la Apertura del Año Judicial 2022-2023 (Fuente: CGPJ).

A esta endiablada situación, en donde y como bien sabemos reina el ruido y la confusión, y en la que a los ciudadanos tanto les cuesta entender la anomalía que supone que el mandato de los vocales del CGPG lleve ya caducado cuatro años, se ha llegado también por otro camino que nada tiene que ver con el interés espurio del PP, ni con la defensa de la casta. Esta tercera pata, esta tercera cuestión, hay que apuntársela en letra gruesa y en el debe a los sucesivos gobiernos de izquierdas, desde Felipe González a José Luis Rodríguez Zapatero, hasta llegar al gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez, que creyeron que este tema —la carrera judicial— no era urgente adecuar a los tiempos democráticos.

Que estemos asistiendo a este diabólico debate, con denuncias cruzadas en la Unión Europea, con acusaciones continuas de politización de la justicia, con el lógico desprestigio de los órganos judiciales, con la creciente y lamentable desconfianza de los ciudadanos hacia la labor y desempeño de los propios jueces, no es solo achacable a los intereses partidarios del PP, que tan bien se mueve en el cieno; ni siquiera a la casta judicial que se reserva para sí gran parte de los aparatos del poder judicial, a esta sonrojante realidad hemos llegado también por la inmensa cobardía y negligencia de una izquierda timorata y pacata.

Fotografía de grupo de Su Majestad el Rey con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, Apertura del Año Judicial 2021-2022 (Fuente: © Casa de S. M. el Rey).

Hablamos aquí de unos ejecutivos de izquierdas que habiendo gobernado en este país durante cerca de 30 años de los 44 de democracia, han sido incapaces de hacer los deberes y haber procurado los cambios legales y democráticos necesarias que acabaran con este estado de cosas, que posibilitaran que el poder judicial —jueces, secretarios, magistrados…— fueran en gran medida un reflejo del pensamiento de la sociedad, de sus cambios y de sus propias contradicciones.

Y eso solo se podría haber hecho mediante una reforma profunda de la carrera judicial, esa maratón de obstáculos que hoy en día hace que mayormente solo aquellos que tienen un patrimonio potente y/o un apellido de linaje, puedan llegar al final de la carrera de obstáculos, ese mismo marco que deja en agua de borrajas el principio también constitucional de mérito y capacidad.

Sería esta entonces —la reforma y democratización del acceso a la carrera judicial— una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia española para cumplir precisamente con lo que la propia Constitución española marca: que los tres grandes poderes emanan de la soberanía popular. El resto, ya lo hemos dicho, lío, ruido y confusión a beneficio de inventario del PP y de la casta que, mientras tanto, ahí sigue agazapada. En el disfrute de prebendas que no le corresponderían si este país se tomase en serio. Y esto último —querámoslo o no— es responsabilidad también de quienes pudiendo haberlo hecho no hicieron casi nada para pasar la página de la historia.

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Pepe López

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