BlanqueosVPP

El mayúsculo escándalo de las viviendas de promoción pública (VPP) en Playa de San Juan de Alicante, que algunos ya califican con el cariñoso apelativo no exento de cierta sorna de Viviendas del Partido Popular, podría albergar en su seno dos graves delitos de los que apenas se habla. Uno, haber servido de pantalla para facilitar el blanqueo de capitales. Y dos, ser potencialmente una vía de salida a la financiación ilegal del propio Partido Popular o alguna otra organización.

Ya sé, ya sé, que ambas cuestiones —blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político— son palabras mayores. Que su sola mención pone los pelos como escarpias, que hablamos de delitos a los que cabría calificar de delitos mayores, y, sobre todo, que una cosa es pensar que eso haya podido ocurrir, que se dé el marco, el caldo de cultivo, que es donde estamos, y otra muy distinta obtener las pruebas periodísticas y judiciales que lo sustenten en una acusación formal. No estamos —aún— en ninguna de esas dos fases, pero, seguramente, la investigación periodística y judicial no debería descartar esa dirección si se quiere ir al fondo de la cuestión.

Más allá de los cinco posibles delitos ya denunciados —prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal— y a la espera de que la maquinaria judicial se ponga en marcha, sería bueno no cerrar puertas, pues las sorpresas van casi a diario y lo de blanqueo de capitales y financiación ilegal que hoy parecen ciencia ficción podría no serlo tanto. Veamos. Si, como parece, y atendiendo a las diversas informaciones que los periódicos y medios de comunicación han ido publicando estos últimos días, es cierto que se han llegado a pedir en portales inmobiliarios hasta ¡¡232 000!! euros en negro para la adquisición de algunas de estas viviendas, aproximadamente el doble de su precio tasado como VPP, cabrían aquí hacerse algunas preguntas con negro trasfondo: ¿Quiénes disponen de cantidades tan elevadas como esas fuera del circuito legal del dinero? ¿Quiénes y provenientes de qué actividad oculta disponen de unas cantidades así y están en disposición de pedirla/ofrecerla en la transacción comercial de una vivienda de VPP? Si alguien pide ese dinero es porque sabe —o supone— que hay alguien en el otro lado dispuesto a darlo y porque, además, se considera impune para hacerlo. La línea de puntos empieza a cerrarse.

Primer paso. Yo —es un supuesto— compro por 200 000 – 230 000 euros legalmente en primera instancia en la referida promoción (precio legal), porque he tenido la inmensa suerte de formar parte de la lista de afortunados de la cooperativa/constructora con derecho a vivienda, y sin habitar la casa decido venderla al módico precio de 462 000 —justo el doble— pero, eso sí, exijo que se reescriture al primer precio. Para mí —estamos en el mismo supuesto— el negocio es redondo, aunque tenga ahora el reto de saber qué hago con ese dinero en negro (¿comprar otra vivienda en negro?) mientras que para el supuesto comprador solo tendría que esperar unos años para que el precio real que ha pagado haya quedado blanqueado y dentro del circuito legal del dinero. Ahora otra pregunta: ¿Quienes empezaron ese juego diabólico se sabían, además, impunes? Difícilmente alguien que vive de su salario, de su pequeño negocio, puede acumular dinero en negro en cantidades que se acerquen a esas cifras, difícilmente un joven cuyo salario ronda los mil euros mantiene escondidos al fisco varios cientos de miles de euros.

Algunos dirán —y llevan razón— que eso, lo del dinero en negro, puede pasar siempre con una vivienda de VPO. Es más, en cierto modo, llevan razón. Ha pasado siempre. Uno recuerda por casos conocidos e informaciones periodísticas de aquellos años cuando en este país todavía se construía VPO de promoción privada que no era extraño que si querías acceder a una de estas viviendas te “obligaban” a hacer entrega en un sobre aparte y en negro de una cierta cantidad, casi siempre el equivalente al precio de la plaza de garaje o similar. Lo de ahora, siendo parecido, va más allá. Mucho más allá.

Esto, lo de ahora, juega en otra liga y formaría parte de otra dimensión que, siendo como aquello, nada tiene que ver. Estamos hablando aquí de doblar el precio de la vivienda, de cantidades diametralmente diferentes y más hoy en día cuando, y afortunadamente, el control que ejerce la Hacienda Pública sobre el dinero circulante es mucho más efectivo que lo era entonces y la posibilidad de mantener oculto al fisco dinero negro es mucho más complicada. De eso hablamos cuando nos referimos a blanqueo de capitales.

Ese es el marco general. Pero todo esto habría podido hipotéticamente suceder, fundamentalmente, porque aquí hay dos elementos nuevos, centrales y nucleares que inducen a pensar en ello como probabilidad. Uno, la diferencia abismal entre el precio legal de la VPP y el desorbitado precio de esta misma vivienda en el mercado libre, tratándose, además y como sucede aquí, de viviendas en una de las zonas más caras de Alicante y de una urbanización exclusiva. La segunda pata de este marco sería la rebaja del grado de protección que impulsó el propio gobierno del expresidente Carlos Mazón en el año 2024 para este tipo de viviendas a través de un más que discutible cambio legal que reducía su protección a solo una serie de años. Aquel cambio que decía perseguir una cosa —mejorar el atractivo para el sector privado— ha terminado, sí, mejorando ese atractivo… pero para los avispados de siempre y para los potenciales especuladores. Repasar la lista de algunas de las familias de los beneficiarios de la promoción de San Juan deja un rastro que invita a pensar en todo ello.

Al elevar el módulo —lo que está permitido cobrar por cada metro de casa construida en definitiva— en varios cientos de euros supuso de hecho dejar ya fuera a muchos otros ciudadanos, especialmente a muchos jóvenes de familias humildes, haciendo así una selección natural en contra de los principios generales que debería regir la propia VPO. No es lo mismo que una vivienda valga 160 000 euros a que su precio sea de 230 000 como sucede aquí. Y dos, rebajar los índices de protección de estas viviendas haciendo que lo que debía ser para toda la vida —la compras al precio de vivienda protegida pero la tienes que vender, cuando sea, también al precio de vivienda protegida— tenga fecha de caducidad.

Esa subida del módulo y esa rebaja del nivel de protección que permitía venderla pasados unos años dentro del mercado libre, supuso claramente romper el círculo virtuoso de la vivienda protegida y ha permitido potencialmente la entrada de especuladores a través de posibles testaferros y cuyo objetivo final es siempre —lo sabemos bien— amasar dinero en la especulación y en el carrusel de las oportunidades y nunca jamás comprar casas para habitarlas.

Ambas decisiones políticas —subir el módulo y rebajar la protección— fueron tomadas por el gobierno del expresidente Mazón. Y ambas decisiones pueden suponer, como así ha sucedido en la VPP de Les Naus, la perversión de unas herramientas pensadas para ofrecer viviendas a quienes más las necesitan y convertirlas así en una fórmula perversa: viviendas protegidas mayormente para gente rica y para especuladores.

Es posible que ni Mazón, cuyo gobierno es responsable de la supervisión de los expedientes, ni el mismo alcalde de Alicante, Luis Barcala, cuyo Ayuntamiento es responsable de fiscalizar la venta del terreno y la supervisión de todo el proceso administrativo, lo hayan hecho con la intención de posibilitar la comisión de ninguno de ambos delitos —blanqueo de capitales y financiación ilegal— pero lo cierto y comprobados los hechos es que la herramienta y el artefacto administrativo por ellos diseñado y tan mal supervisado por ambas administraciones, hace que ambos fenómenos encajen perfectamente como piezas de un diabólico puzzle. Otra cosa, ya digo, es que se pueda llegar a saber si esto ha sucedido aquí. Pero las piezas parece que, hipotéticamente, sí encajan.

Un viejo dicho, una vieja creencia popular, nos dice y aconseja que los fuegos y los incendios es mejor apagarlos en invierno, y que una buena prevención en materia de salud evita muchas veces la enfermedad. Aquí, en todo este disparatado asunto de las casas VPP para gente VIP del Partido Popular de Alicante, está claro que no hubo ni voluntad de apagar el fuego cuando correspondía, ni la de evitar la sintomatología de la enfermedad a la que hemos vuelto. Por eso debe ser que ahora —otra vez— estamos donde estamos. Abrasados por el viejo fuego de la corrupción más salvaje en beneficio de unos pocos y la ira de la gran mayoría de los ciudadanos que ven cómo algunos políticos utilizan y dilapidan los recursos y el patrimonio público. Una película cuyo título podría ser justo el titular del principio: “BlanqueosVPP”.