Reportajes

A 85 años del inicio de la Guerra Civil española

Desastre de Annual, 1921 (Fuente: Wall Street International Magazine).

Algunos aspectos y causas esenciales.

Todavía no se han estudiado, objetivamente, las causas y los motivos que dieron lugar al inicio del llamado Alzamiento Nacional en julio de 1936 por los militares africanistas convertidos en salva patrias. No un golpe de Estado como pudieron ser el del general Pavía en el Congreso el 3 de enero de 1874 o el que dio Segismundo Casada el 5 de marzo de 1939, sino una sublevación militar que causó tres años de guerra. Me pregunto por qué razón los generales republicanos africanistas se sublevaron contra el gobierno de la Segunda República, es decir contra sus superiores. Tal vez por estas razones convenga recordar algunos aspectos o causas sobre la Guerra Civil española (GCE), que comenzó el 17 de julio de un lejano 1936 en Melilla; es decir, hace ochenta y cinco años, y que, aún mantiene divididos a los españoles.

Antecedentes de la Guerra Civil

El Desastre de Annual de 1921, donde murieron unos 12,000 soldados españoles (se desconoce el número exacto) en el Rif (Norte de Marruecos), conmocionó a la opinión pública y descubrió las debilidades de la monarquía del Alfonso XIII y del ejército corrupto. El expediente Picasso descubrió corruptelas en el ejército, y una pésima preparación militar de los soldados de reemplazo, organizativa y armamentística, responsabilidades que llegaron hasta la dimisión del gobierno de Allendesalazar, y hasta el propio rey Alfonso XIII que, consintió, dos años después, el 13 de septiembre de 1923 el golpe de Estado de Primo de Rivera y se declaró el estado de guerra en toda España, que duraría hasta el 16 de marzo de 1925. El 15 de septiembre se aprobaba el Real Decreto que establecía un directorio militar que asumía todas las funciones del poder ejecutivo, y el general Miguel Primo de Rivera, por entonces capitán general de Cataluña, se convertía en jefe de Gobierno y único ministro. No quería que el Congreso destapara responsabilidades del Desastre de Annual; de hecho, no hubo juicio y toda la responsabilidad se le achacó al general Fernández Silvestre, desaparecido en dicho Desastre, por suicidio o que le dieron un tiro; su cuerpo no apareció. Primo de Rivera dimitió el 28 de enero de 1930, oficialmente por razones de salud y se exilió en París aquejado de diabetes. El monarca asignó el gobierno al general Dámaso Berenguer, dando paso al periodo llamado «Dictablanda».

El Desastre de Annual fue una grave derrota militar española en la guerra del Rif y una importante victoria para los rebeldes rifeños comandados por Abd el-Krim (Fuente: Wall Street International Magazine).

En el Pacto de San Sebastián, celebrado el 17 de agosto de 1930 en dicha ciudad balneario, se acordó la estrategia de poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y fue el primer paso hacia la proclamación de la Segunda República española. Favorecido por el crack económico mundial del 29, a pesar de que el Banco de España tenía una de las mayores reservas de oro del mundo, que se esfumó durante la Guerra Civil por el gobierno del Frente Popular (un oro que no era suyo sino de todos los españoles —ver el oro de Moscú—), en octubre de 1930 se sumaron a dicho Pacto, en Madrid las dos organizaciones socialistas: el PSOE y UGT. En las elecciones municipales (no generales) de abril de 1931, se autoproclamó la Segunda República el 14 de abril desde los balcones de los ayuntamientos de las capitales principales. A pesar de que habían ganado los monárquicos, el Rey Alfonso XIII se tuvo que exilar a Roma por temor a los exaltados republicanos, no fuera a pasar como en Rusia que la familia real fue ejecutada en el sótano del palacio por los bolcheviques en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918.

Ocurrieron cambios drásticos. En mayo de 1931, un mes después de proclamarse la República se quemaron unas 400 iglesias y conventos. Se aprobó una Ley represora llamada de Protección de la República en octubre de 1931 y la Constitución progresista laica de diciembre de mismo año; se aprobó el sufragio universal femenino y se aprobaron leyes de reforma agraria y reforma militar. Considero que la transición de una monarquía a una república no debió hacerse drásticamente, ni de forma totalitaria, impuesta, de la noche a la mañana como en el 31, sino que requiere adaptaciones paulatinas en el tiempo; no se puede gobernar de forma supremacista a golpe de decretos y contra las creencias religiosas en una sociedad católica como la española, pensando que la Iglesia tenía la culpa del retrato de España en el ámbito de la educación.

La reforma militar de Azaña

Una de las prioridades de la República de izquierda fue la reforma del ejército. Cuando se constituyó el gobierno provisional, el Ministerio de la Guerra recayó en Manuel Azaña (1880-1940) porque era el único miembro del «comité revolucionario» que tenía conocimientos de los temas militares (había publicado la primera parte de un estudio sobre el ejército francés) y porque tenía una idea clara de lo que había que hacer: reducir el excesivo número de oficiales, paso previo para modernizar el ejército, y acabar con el poder político de los militares, poniéndolos bajo la autoridad del poder civil.

Se produjo entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, cerca de la localidad marroquí de Annual, situada entre Melilla y la bahía de Alhucemas (Fuente: Wall Street International Magazine).

La reforma militar de Azaña fue uno de los puntos más controvertidos de su obra política. Tras proclamarse la República en 1931, una de sus primeras responsabilidades consistió en ocupar el Ministerio de la Guerra para abordar la reforma militar por exceso de oficiales después de la paz en el Norte de África, es decir que sobraban.

Uno de sus primeros decretos, de 22 de abril del 31, obligó a los jefes y oficiales a prometer y jurar fidelidad a la República, con la fórmula: «prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas» (es decir, un juramento de lealtad y de obediencia ciega). Asimismo, en consonancia con la definición aconfesional del Estado, Azaña suprimió el cuerpo eclesiástico del ejército constituido por los capellanes castrenses que consolaban los espíritus afligidos de los soldados.

Si bien, poner el Ministerio de la Guerra en manos de un civil, supone reducir el poder de los militares y está bien en cuestiones democráticas, merma considerablemente la capacidad bélica de un gobierno, como sucedió después con los sucesivos ministros de la Guerra, como Manuel Azaña, Largo Caballero, Casares Quiroga, José Grial y Juan Negrín, luego nombrado presidente.

Reducción del número de oficiales

En 1931 el Ejército español contaba con 16 divisiones a las que normalmente le habría bastado con 80 generales, pero tenía 800, y además tenía más comandantes y capitanes que sargentos. Sumaban 21.000 jefes y oficiales para 118.000 soldados.

Para reducir el excesivo número de oficiales (el objetivo era conseguir un ejército peninsular de 105.000 soldados con 7.600 oficiales y el contingente de África estaría formado por 42.000 soldados y 1.700 oficiales) el gobierno provisional a propuesta de Azaña aprobó, el 25 de abril de 1931, un decreto de retiros extraordinarios en el que se ofrecía a los oficiales del ejército que así lo solicitaran la posibilidad de apartarse voluntariamente del servicio activo con la totalidad del sueldo (pasando a la segunda reserva). Si por negativa de algunos jefes y oficiales no se alcanzaba el número de retiros necesarios, el ministro se reservaba el derecho a destituir, «sin beneficio alguno», a cuantos oficiales estimase oportuno. Casi 9.000 mandos (entre ellos 84 generales) se acogieron a la medida, lo que suponía aproximadamente un 40 % de la oficialidad (el mayor porcentaje de abandonos se produjo en los grados superiores), y gracias a esto, Azaña pudo acometer a continuación la reorganización del ejército según las nuevas necesidades. Algunos historiadores señalan que, políticamente, fue una medida discutible porque no contribuyó a hacer un ejército más republicano, puesto que el sector más liberal de oficiales dejó en ese momento el servicio activo y pasó a la reserva.

Las acusaciones al rey de instigar el poco meditado y mal preparado avance que propició el Desastre, fueron una de las causas del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera (Fuente: Wall Street International Magazine).

Cierre de la Academia General Militar de Zaragoza

Otro decreto del 15 de junio de 1931, cerró la Academia General Militar de Zaragoza, de formación de nuevos oficiales, bastión de los generales antirrepublicanos, hijos de conservadores y algunos de la aristocracia. El director de esta institución militar era el general Francisco Franco Bahamonde, quien disimulaba con dificultad su hostilidad a la República. Lo nombraron capitán general de Canarias para alejarlo de la Península, puesto que no se fiaban de su lealtad republicana. Tal vez si lo hubieran nombrado Alto Comisario en Marruecos, el destino más codiciado de la época, se hubiera evitado su rebelión en julio de 1936.

Abolición de la Ley de Jurisdicciones de 1906

Debía acabarse con el uso de las fuerzas armadas para solucionar problemas de orden público cuando se produjeran revueltas. La República apostó por desvincular al ejército de la política. Eso significó abolir la ley de Jurisdicciones de 1906, que ponía a los acusados de delitos contra la Patria o el ejército en manos de los tribunales militares, no ante los tribunales civiles.

En la práctica, los nuevos gobernantes prosiguieron con los procedimientos de sus antecesores monárquicos cada vez que había una protesta violenta, como sucedió con la insurrección anarquista del Alto Llobregat del 18 de enero de 1932. Los mineros y obreros textiles de los valles del Cardoner y del Alto Llobregat se alzan en armas y declaran el comunismo anárquico en algunas ciudades de Cataluña; los implicados terminaron ante jueces vestidos de uniforme. El movimiento obrero con la llegada de la República volvió a reorganizarse y cuantitativamente fue importante. El movimiento predominante fue el de signo libertario, en especial en zonas como Cataluña o Andalucía, sindicatos de la CNT, ateneos, la FAI, grupos de acción, intelectuales (familia Urales, por ejemplo), la FIJL, Mujeres Libres, etc. Aunque también hay que destacar que el movimiento obrero de raíz marxista también tenía importancia en otras zonas como toda la cuenca del Cantábrico, Euskadi o la región central de la península (Madrid), destacando el PSOE y la UGT, siendo el estalinismo en esos primeros años republicanos algo cuantitativamente muy minoritario.

Hubo muchos detenidos y todos los centros de la CNT de las comarcas afectadas fueron cerrados. El Comité Regional de la CNT protestó por la represión y lanzó la siguiente amenaza: «Esto nos hace pensar en que tal vez sea preferible, cuando la ocasión nos lo depare, actuar violentamente, ya que está bien demostrado que ser bueno ante el malo es como echar margaritas a los puercos, y nos expone a salir siempre malparados». Sin embargo, la medida represiva que mayor impacto tuvo fue la decisión del gobierno de aplicar la Ley de Defensa de la República a un centenar de detenidos que fueron deportados a las colonias de África como Villa Cisneros, en lo que fue conocido como el affaire de las deportaciones.

Manuel Azaña Díaz (Fuente: Wall Street International Magazine).

Falta de diplomacia por parte de Azaña

El problema de Manuel Azaña, un intelectual, no fue el diseño de una nueva política militar; fue la falta de diplomacia a la hora de aplicarla por lo que se ganó muchos enemigos gratuitamente. Según el hispanista Paul Preston, «hirió la susceptibilidad del ejército y emprendió su reforma sin creer necesario halagar el ego colectivo militar». El general Mola escribiría en 1933, que una posible rebelión militar estaba justificada si los políticos abusaban de su poder o conducían a la nación al desastre como así ocurrió en 1936. En ciertos asuntos Azaña se mostró despótico.

Elecciones generales de febrero del 36

Tras las elecciones irregulares de febrero de ese año, que supusieron la victoria del Frente Popular conformado por una coalición de partidos de izquierda. Manuel Azaña (Izquierda Republicana, IR) se convirtió en presidente de la República (lo cual indirectamente supuso perder toda influencia en la gestión gubernamental) y Diego Martínez Barrio (Unión Republicana, UR, 37 diputados) en presidente de las Cortes. El gobierno estuvo formado por miembros de IR, UR, dos independientes y un diputado catalán de ERC (21 diputados), siendo el presidente del Consejo de ministros o primer ministro Santiago Casaras Quiroga (IR). Según algunos historiadores no fueron todo lo limpias que debieron ser.

Tras unas elecciones claramente fraudulentas, el Frente Popular destituyó de forma ilegal a Niceto Alcalá Zamora presidente de la República. Después de unas semanas en las que se hizo cargo de la Jefatura del Estado de forma interina Diego Martínez Barrio, en su calidad de presidente de las Cortes, fue sustituido por Manuel Azaña el 11 de mayo de 1936. Ilegalizó varios partidos de la oposición como la Falange encarcelando a sus dirigentes. Impulsó una censura sin precedentes en la prensa y la incautación de propiedades privadas por todo el territorio nacional, mientras alentaba la formación paramilitar de milicias socialistas y comunistas que campaban a sus anchas por las capitales de España generando un clima de terror asfixiante.

Chocaba una sociedad conservadora y piadosa con otra revolucionaria, de nuevos tiempos, con ideas políticas más liberales mezcladas con otras excluyentes que acabarían por practicar la caza de unos y otros por las calles. La violencia se acrecentó en las calles entre grupos rivales, reyertas callejeras, robos, huelgas, choques ante sedes políticas o en mítines. También fueron luchas entre extremistas con las fuerzas del orden público. Y, por supuesto, los diversos tipos de agresiones físicas (armas de fuego o navajas) donde los individuos agredían a otro de ideología distinta.

Previo a las elecciones del 33, hemos de tener en cuenta la revolución de octubre de 1934, Casas Viejas en Cádiz, auspiciadas ambas por los socialistas. En su última intervención parlamentaria del 1 de julio, José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española —que para los más jóvenes vendría a representar hoy el espectro ideológico de Santiago Abascal, líder de Vox— tras relatar unas cifras escalofriantes de más de 400 iglesias incendiadas, 300 muertos, 1.300 heridos, más de 10 periódicos destruidos, fue asesinado trece días después. O la detención el 14 de marzo del 36 en Madrid del político José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange en 1933 junto a unos dos mil falangistas que se oponían a la Segunda República.

El PSOE decidió no formar parte del gobierno en febrero de 1936, aunque era el partido que más escaños había obtenido (99, sobre un máximo de 473 que representaron a más de 30 partidos políticos) frente a los 88 de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y los 87 de Izquierda Republicana. Lo que sucedió, más bien, es que Francisco Largo Caballero bloqueó la posibilidad de que su compañero de partido, Indalecio Prieto, formase un gobierno socialista. Tampoco entraron en este el PCE (17 diputados) ni sus mayores antagonistas ideológicos, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM, 1 diputado).

En la Constitución de diciembre de 1931, España se proclamó laica, y renunció a la guerra como instrumento de política. De todas formas, el país no estaba en condiciones de librar un conflicto con otro país a la vista de las graves deficiencias de sus fuerzas armadas.

Sublevación militar de 1936

Soldados, civiles y milicianos rodean la Aduana de Málaga durante los primeros días de la guerra (Fuente: Wall Street International Magazine).

Aviso de Franco a Casares Quiroga

El 23 de junio de 1936, tres semanas antes de la sublevación militares rebeldes a la República, el general Francisco Franco destinado en Canarias alertaba al jefe del gobierno, Santiago Casares Quiroga, del ruido de sables. Franco no solo no quería sumarse, sino que consideró: «un deber hacerle llegar a su conocimiento lo que creí una gravedad para la disciplina militar». Léase en el último párrafo del escrito de quién se erigiría después como jefe del Estado tras la victoria en la guerra.

Respetado ministro:

Es tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida, si no le hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y los peligros que para la disciplina del Ejército tienen la falta de interior satisfacción y en el estado de inquietud moral y material que se percibe, sin palmaria exteriorización, en los Cuerpos de oficiales y suboficiales…

En realidad, la sublevación militar se inició el 17 de julio en Melilla, por varios coroneles como Seguí, Gazapo… donde arrestaron al delegado del gobierno y destituyeron a todos los jefes leales a la República. Ocuparon la Capitanía y los edificios oficiales. Fusilaron a todos los que se opusieron a la rebelión, como al general de brigada Manuel Romerales, al delegado de gobierno, a su alcalde, al capitán Luis Casado. Según escribió el general Mola en 1933, la rebelión estaba justificada si los políticos abusaban de su poder o conducían a la nación al desastre como así sucedió.

Aquella madrugada el general de brigada Emilio Mola, gobernador militar de Pamplona, al mando de la 12.ª Brigada de Infantería, confirmó el golpe de Estado mediante telegramas cifrados al exteniente general, José Sanjurjo, exiliado en Portugal tras la intentona golpista de 1932, al teniente coronel de Estado mayor en la reserva, Juan Seguí Almuzara, jefe de la conspiración en Melilla y jefe de Falange en el Marruecos español, y al general Francisco Franco, quien era por entonces capitán general de Canarias y estaba en las islas y se sumó a la sublevación.

La sublevación militar en julio de 1936 se proponía poner orden en una España revolucionaria sin ley, donde reinaba la anarquía, con asesinatos, robos, venganzas, huelgas. Como el asesinato del diputado de derechas Calvo Sotelo el 13 de julio del 36, que se supone el detonante de la sublevación militar. Supuso el enfrentamiento entre dos facciones distintas: por un lado, los republicanos (rojos) y los sublevados (fascistas), estos ayudados por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, mientras que el republicano contó con la ayuda de la URSS de Stalin. Sin embargo, Francia, Gran Bretaña y EE. UU. se mantuvieron neutrales. Recordemos que España se había mantenido neutral en el Primera Guerra Mundial.

En la península se inicia en Sevilla con Queipo de Llano y en Vascongadas, Navarra y Cantabria los generales Mola y Dávila. Málaga no se subleva en el 36, las tropas nacionales entraron en febrero del 37 en avance hacia Almería y Granada.

El 19 de julio del 36 el gobierno republicano entregó armas a los sindicatos y milicias revolucionarias obreras; pensaban que se trataría de una pequeña guerra civil de unas semanas de duración. Pero la realidad fue una cruenta y espantosa guerra civil de aniquilamiento del contrario de tres años de duración. Tras la Guerra Civil se suspendieron los partidos políticos y daría lugar a cuarenta años de la dictadura de Franco. Todos se equivocaron.

Teniendo en cuenta esta no intervención, una de las claves es hasta qué punto la lucha y resistencia contra el fascismo y el falangismo (o franquismo) estuvo controlada por los comunistas. Tras el inicio de la guerra, el PSOE decidió entrar en el gobierno como fuerza mayoritaria. En septiembre de 1936, Largo Caballero, el Lenin español, (miembro de este partido socialista y de la UGT) se convirtió en el presidente del Consejo de ministros y en el ministro de Guerra, dando entrada en su ejecutivo a los comunistas y a la CNT en un intento de unificar el bando republicano. Mientras tanto, Azaña continuó siendo presidente de la República, pero cada vez más relegado a una función secundaria.

Voluntarios en la Puerta del Sol de Madrid, julio del 36 (Fuente: Wall Street International Magazine).

Los anarquistas dominaron la escena revolucionaria durante casi un año, de julio de 1936 hasta los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. Como el 18 de julio, cuando Casares Quiroga se negó rotundamente a entregar armas a las milicias y llegó a decir: «Quien facilite armas sin mi consentimiento será fusilado». Dio órdenes en este sentido a los gobernadores civiles. Tampoco se declaró el estado de guerra. En cambio, se decretó la destitución de los generales Franco, Queipo de Llano, Cabanellas y González de Lara, aunque la medida resultaría ineficaz. Exhausto por el rumbo de los acontecimientos, dimitió en la noche del 18 de julio. Fue sustituido por Martínez Barrios, al frente de un gobierno que no llegó a tomar posesión, sí lo hizo José Grial Pereira (farmacéutico y químico de profesión que militó en los círculos republicanos y era amigo personal de Manuel Azaña) como presidente del Consejo de ministros (19-7-1936 a 4-9-1937). Él autorizó la entrega de armas a la población, lo que provocó un grave problema de orden público para las autoridades republicanas, incapaces de imponer su autoridad sobre las masas revolucionarias y, al mismo tiempo, de hacer frente a las fuerzas sublevadas, por lo que terminaría presentando su dimisión.

Conclusiones

Próximamente, a los 85 años después del inicio de la guerra, no se podrá hablar de la dictadura de Franco de acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática, salvo asumir algunas multas calificadas como de odio. La ley fue aprobada por el actual gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez contra un partido franquista-falangista inexistente, en su intento de prolongar la entelequia de la Guerra Civil y resucitar a Franco y a José Antonio, puesto que, ellos (los de izquierdas) piensan, que mantener la memoria de la guerra que perdieron les puede favorecer en las urnas. Veo justo que se desentierren los cadáveres de las cunetas franquistas, pero también las de Paracuellos o las de los bombardeos aéreos republicanos de Sevilla, Málaga o Cabra.

El PSOE actual es el mismo en su ideología marxista que aquel Largo Caballero e Indalecio Prieto que perdió las elecciones de 1933, los que perdieron la Guerra Civil, y sigue anclado en su golpe permanente a la Constitución del 78, en un propósito vengativo y, no de conciliación como fue la Transición. La no reconciliación busca la confrontación, es hija del totalitarismo.

Sin embargo, no es mi propósito en el presente artículo justificar ni ensalzar el llamado Alzamiento Nacional del 18 de julio, ni justificarlo, sino intentar analizar, objetivamente, las causas que motivaron aquella sublevación militar por una parte del ejército republicano en Canarias, Melilla, Sevilla, Pamplona y Vascongadas.

Mucho se ha escrito sobre los tres años de la Guerra Civil, no obstante, no es propósito del presente reportaje abordar ese periodo.


Nota:
Este artículo se publicó el 20 de septiembre en la prestigiosa revista Wall Street International Magazine.

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Ramón Palmeral

Soy escritor con más de 40 libros publicados sobre temas diversos. Socio de Honor de Espejo de Alicante, socio del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia, colaborador de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela. Publico crónicas culturales y políticas con un sentido satírico desde hace más de veinte años, puesto que considero que la labor del ciudadano y de la prensa es la de fiscalizar al poder. Dirijo el portal Nuevo Impulso.net de arte, cultura y opinión. Mi correo: ramon.palmeral@gmail.com

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