¿Nos hemos vuelto locos?

Hay palabras que, cuando reaparecen en el debate público, deberían hacernos estremecer. No porque sean nuevas, sino precisamente porque creíamos que habían quedado desterradas por la historia. La memoria democrática no consiste únicamente en recordar fechas, sino en reconocer los síntomas cuando vuelven a presentarse.

Esta semana, con motivo del noventa aniversario del golpe de Estado de julio de 1936, Roque Moreno recordaba en las páginas del diario Información las lecciones que todavía hoy deberíamos ser capaces de aprender de aquel episodio que acabó con un gobierno legítimo, desembocó en una guerra civil y abrió la puerta a casi cuarenta años de dictadura. La democracia no desapareció de un día para otro; primero se fue erosionando el respeto al diferente, la legitimidad del adversario y la confianza en las instituciones. Esa es, quizá, la principal enseñanza que no deberíamos olvidar.

Me preocupa comprobar cómo en buena parte de Europa —y nuestro país no es una excepción— los partidos de extrema derecha encuentran cada vez más seguidores a partir de un mensaje sencillo: dividir la sociedad entre quienes merecen derechos plenos y quienes deben conformarse con menos. Lo verdaderamente inquietante no es solo ese crecimiento, sino comprobar cómo partidos de la derecha tradicional, temerosos de perder espacio electoral, terminan incorporando parte de ese discurso. Al hacerlo, no solo compiten por unos votos; también normalizan ideas que hace apenas diez o veinte años habrían resultado inaceptables en cualquier conversación entre amigos o vecinos.

El problema de blanquear determinados planteamientos es que dejan de parecer extremos. Se convierten en opiniones respetables, en propuestas “de sentido común”, aunque sigan cuestionando principios básicos de convivencia. Y así, poco a poco, se pierde el miedo a la exclusión. Se legaliza lo que hace unos años habría resultado moralmente abominable para la inmensa mayoría de personas sensatas. Quienes seguimos creyendo en un Estado que garantice la igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminaciones por origen, etnia, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal, comenzamos incluso a sentirnos desplazados. Como si defender la igualdad fuese hoy una ingenuidad o una extravagancia.

Uno de los mejores ejemplos recientes es el concepto de la llamada “prioridad nacional”, según el cual el acceso a determinados servicios o ayudas públicas debería favorecer, por principio, a los nacionales frente a quienes proceden de otros países. Sus defensores apelan a la protección de los recursos públicos. Es evidente que cualquier estado debe combatir el fraude y evitar el uso abusivo de bienes comunes tan esenciales como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales. Eso nadie lo discute. Lo que resulta profundamente injusto es convertir el lugar de nacimiento en un criterio para establecer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Nuestro país funciona hoy gracias, en buena medida, al trabajo de centenares de miles de personas llegadas de otros lugares. Cuidan de nuestros mayores, trabajan en el campo, en la hostelería, en la construcción, en la logística o en sectores donde cada vez resulta más difícil encontrar mano de obra. Negar esa realidad es cerrar los ojos a la evidencia. Y cuando esa “prioridad nacional” acaba rebautizándose con términos aparentemente más amables, como el de “arraigo”, para facilitar acuerdos parlamentarios entre PP y Vox en algunas comunidades autónomas, asistimos al triunfo del eufemismo. Cambia el envoltorio, pero el mensaje sigue siendo el mismo: unos tienen más derechos que otros.

Permítanme la expresión tan nuestra: aneu-vos a fer la mà. Me pregunto por qué resulta más rentable políticamente sembrar miedo hacia quien es diferente que construir proyectos capaces de unir. ¿Por qué se alimenta la sospecha hacia el desconocido en lugar de fortalecer aquello que compartimos? Porque de la unión nace la fuerza; de la exclusión, únicamente el resentimiento. Paradójicamente, muchos de quienes dicen defender nuestra identidad cultural apenas muestran interés por preservar la riqueza histórica que hemos heredado desde tiempos de Jaume I. La cultura nunca ha sido un espacio cerrado. Ha crecido precisamente gracias al intercambio, al mestizaje, al contacto entre pueblos y tradiciones. Tener identidad no significa levantar muros.

La historia europea nos enseña que las democracias también pueden deteriorarse utilizando sus propios mecanismos. Adolf Hitler no tomó el poder mediante un golpe militar; llegó a la Cancillería alemana en 1933 después del ascenso electoral del Partido Nazi y de los pactos de las élites conservadoras que creyeron poder controlarlo. El resultado es sobradamente conocido. La lección no consiste en establecer comparaciones simplistas, sino en recordar que la democracia exige vigilancia permanente y que la normalización de discursos excluyentes nunca termina donde empieza.

También me inquieta el deterioro de la confianza en algunas instituciones. La independencia judicial constituye uno de los pilares del Estado de derecho y precisamente por ello sus resoluciones deben apoyarse siempre en pruebas sólidas, motivaciones rigurosas y absoluto respeto a las garantías procesales. Cuando determinadas decisiones generan una intensa controversia pública por la valoración de los indicios o por la percepción de desigualdad en el trato, la respuesta no puede ser el enfrentamiento partidista, sino reforzar la transparencia, la calidad de las resoluciones y la confianza de la ciudadanía en la Justicia. Sin una Justicia respetada no hay democracia plenamente sana.

No pretendo idealizar a nadie. Personas deshonestas existen en todas las ideologías y en todos los ámbitos de la sociedad. Precisamente por eso debemos exigir responsabilidades a quien corresponda, sin dobles raseros y sin convertir la corrupción o la incompetencia en patrimonio exclusivo del adversario. Lo que espero de nuestros representantes políticos es mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo: preparación para gestionar el bien común. Que compitan con ideas para mejorar la sanidad, la educación, la vivienda, la economía o los servicios públicos. Que presenten proyectos, no consignas; soluciones, no enemigos. Que dejen de buscar rédito electoral tensionando emocionalmente a la sociedad.

No quiero vivir en un país donde haya ciudadanos de primera, de segunda o de tercera. Quiero vivir en una democracia suficientemente madura como para entender que la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza; que la igualdad no debilita a nadie; y que la libertad solo merece ese nombre cuando alcanza a todos por igual. Porque la historia nunca se repite exactamente igual. Pero sí acostumbra a avisarnos cuando empezamos a olvidar sus lecciones. Y sería imperdonable no escucharla.

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