Por Javi y tantos Javis

Esta semana mi hermano Juan me hacía llegar la tribuna escrita por Carmen Villanueva para el diario Información bajo el título Tu lucha no será olvidada. Escribía una carta que ninguna madre debería tener que escribir. Ni suscribir. Su hijo Javi tenía 17 años. Llevaba cinco luchando contra una enfermedad mental que el sistema vio, documentó, prometió atender y nunca trató a tiempo. El 22 de abril, mientras esperaba una cama que no llegó, Javi murió. «Siempre había alguien peor. Siempre había otra urgencia. Siempre había que esperar. Y mientras el sistema esperaba, nuestro hijo se apagaba», escribía Carmen.

Las estadísticas, las cifras, los datos presentes en este artículo corresponden al Ministerio de Sanidad, el INE, la OMS, el Estudio AXA–Confederación Salud Mental España (2025), el Barómetro de Juventud de FAD (2025) y las encuestas de Statista Consumer Insights (2025). Son de España, querido/a lector/a. Todas tienen nombre. Todas padecen dolor. Todas poseen, gracias a Dios, familia. Este nombre y dolor es uno de ellos, el de Javi. Por él, por Carmen. Por tantos Javis y Cármenes, va mi colaboración de esta semana con la APPA.

Porque hay una España que no sale en los telediarios. Una España que vive detrás de las persianas bajadas a las once de la mañana, que no contesta al teléfono, que cancela la cita con el médico porque no tiene fuerzas para salir a la calle. Una España que un día despierta llorando, sin más, mientras mira a su ser querido entre azotes que toma como dogmas. Una España que toma cada día una pastilla pequeña —blanca, redonda, sin nombre pronunciable— y que espera que esa pastilla haga lo que el sistema público no tiene tiempo de hacer: escuchar. Esta España existe en todos los pisos, en todos los pueblos, en todas las edades. Y sin embargo, durante décadas, ha sido la España más invisible de todas. No sangraba. No tenía radiografía. Sí tiene corazón. Sí tiene alma. Sí tiene rostro.

Pero la herida invisible ha dejado de serlo. Los datos ya no permiten mirar hacia otro lado, y los que siguen haciéndolo —los que piensan que la salud mental es un lujo de clase media con demasiado tiempo libre— deben saber que están describiendo al país equivocado. España vive hoy la mayor crisis de salud mental de su historia democrática. No es una metáfora. No es una tendencia. No es una moda de redes sociales. Es una emergencia sanitaria con nombres, apellidos y cifras que abruman.

Un país que enferma

La dictadura de la notificación constante y distante. La sociedad gaseosa e hiperveloz. El like ajeno antes que el amor propio. Las pantallas y la exposición permanente. El abandono de lo innecesariamente improductivo en favor de lo productivamente infeliz. En suma, nos alejan del Yo-Tú y nos aproximan al Yo-Ello.

El momento humano, término acuñado por la Harvard Business School, es cada vez menos humano y más tecnológico. Más dañino. Más irreversible. Actuamos, como afirma Elsa Punset en El mundo en tus manos. No es magia, es inteligencia social (Planeta, 2014) “como si lo mental y lo emocional no tuviesen en nuestras vidas un impacto negativo y un alto coste”. También físico.

Todo ello está incendiando las almas y corazones en un corto lapso de tiempo sobre una población como un combustible más ardiente que el queroseno tomando por víctima a un ser humano que por definición es gregario

Más de dieciséis millones de españoles sufren algún problema de salud mental en 2025. Un tercio de la población. El 34 % de los ciudadanos presenta o presentará algún trastorno a lo largo de su vida, nueve puntos más que lo que la OMS calculaba hace apenas una década. La salud mental se ha convertido en la primera causa de afectación sanitaria del país, por encima de los problemas cardiovasculares, por encima de los respiratorios, por encima de la diabetes. Los trastornos más frecuentes son la ansiedad y la depresión, con una prevalencia oficial del 6,7 % cada uno —aunque los estudios de autopercepción elevan estas cifras dramáticamente: un 23 % de la población reconoce padecer ansiedad, un 48 % declara haber sufrido depresión y un 59 % dice vivir bajo estrés crónico.

Lo que subyace a estos números es una geografía de la desigualdad que a menudo se olvida. El diagnóstico de esquizofrenia es doce veces más frecuente en rentas bajas que en rentas altas. El consumo de antidepresivos es cuatro veces mayor según la clase social. Entre el 11 % y el 27 % de los problemas de salud mental en España pueden atribuirse a las condiciones laborales. No estamos ante una epidemia democrática que afecta por igual a todos: estamos ante una enfermedad del malestar social que ceba con más dureza a los que ya tienen menos. Y el sistema, cuando llega —si llega—, llega con una pastilla.

Generaciones rotas

Si hay un grupo que ha concentrado la alarma en los últimos años, es el de los jóvenes. El Barómetro de Juventud, Salud y Bienestar 2025 revela que más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años —el 54,7 %— afirma haber tenido algún problema psicológico o psiquiátrico en el último año. El 42,8 % ha recibido algún diagnóstico profesional en algún momento de su vida: ansiedad y pánico en primer lugar, depresión en segundo. Son cifras muy superiores a las de 2017, antes de la pandemia, y que no han vuelto a su nivel previo a pesar de una leve mejoría en la percepción general de salud.

Grupo de edad	Principales afecciones	Dato destacado
Menores (10–14)	Trastornos conducta, TDAH, ansiedad escolar	1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental (OMS)
Adolescentes (15–19)	Depresión, autolesiones, TCA, ciberadicción	76 suicidios en 2024, un 20% más que el año anterior
Jóvenes adultos (20–29)	Ansiedad, depresión, burnout, soledad	Consumo de antidepresivos +52% desde 2017 en el tramo 20–24 años
Adultos (30–59)	Depresión laboral, estrés crónico, trastorno bipolar	2,5 millones de casos de depresión diagnosticados en 2023, máximo histórico
Mayores (60+)	Depresión, demencia, soledad estructural	La soledad no deseada afecta a 1 de cada 4 mayores de 65 años

El suicidio merece un párrafo aparte, porque es la cifra que mejor, entiéndase, mide la temperatura del fracaso colectivo.

En 2024 se registraron 3953 muertes por suicidio en España, lo que supone el segundo descenso consecutivo respecto al máximo alcanzado en 2023. Es una noticia parcialmente buena —sería la primera en este artículo y discúlpeme el adjetivo— que no debe ni puede hacer olvidar lo que esconde: el suicidio sigue siendo la primera causa de muerte externa en hombres y la tercera en mujeres; y dentro del descenso general, el grupo de menores de 20 años registró en 2024 un incremento del 20 % respecto al año anterior. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) registran 76 muertes de menores de entre 15 y 19 años durante 2024. 76 adolescentes. 76 familias. 76 silencios que el sistema no supo escuchar a tiempo.

El sistema público: voluntad declarada, medios insuficientes

España tiene, sobre el papel, una arquitectura institucional de respuesta. Ejérzase. La Estrategia de Salud Mental del SNS para el periodo 2022–2026 establece un modelo de atención comunitaria integral, con énfasis en la prevención, la detección precoz y la coordinación entre los niveles asistenciales. En junio de 2025 se aprobó la asignación de 39 millones de euros al Plan de Acción de Salud Mental 2025–2027, orientado a mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios y a reforzar específicamente la atención infanto-juvenil. A ello se sumaron 17,8 millones para el primer Plan de Prevención del Suicidio, con la Línea 024 como punta de lanza: un teléfono de atención en crisis, gratuito y disponible las veinticuatro horas del día, lanzado en 2022.

En septiembre de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó con 313 votos a favor el Informe de la Subcomisión para mejorar la protección y la atención integral de la salud mental, una hoja de ruta que reclama más psicólogos en el SNS, la humanización de los espacios asistenciales y el fin del modelo basado en la prescripción farmacológica como primera y única respuesta.

Son pasos. Son pasos en la dirección correcta. Pero son pasos de un sistema que lleva décadas caminando demasiado despacio frente a una realidad que corre. Un caracol amigable frente a un leopardo depredador.

El problema no es que no haya documentos. Tampoco parece que lo sean los anuncios y grandes cifras que les acompañan. El problema es de ejecución. Presupuestaria, efectiva y efectista. El problema, en suma, es la distancia entre el papel y la consulta.

En el Sistema Nacional de Salud hay 9 psiquiatras y 6 psicólogos clínicos por cada 100 000 habitantes. La media europea es de 18 especialistas de cada categoría. España es uno de los países de la OCDE con ratios más bajas. El 20,8 % de los psiquiatras en activo tienen más de 60 años, y se prevé que cerca de un millar se jubilen en los próximos cinco años. Para alcanzar el mínimo europeo, la Sociedad Española de Psiquiatría estima que habría que incorporar entre 370 y 565 psiquiatras al año durante el próximo lustro. Con 274 plazas PIR convocadas en 2025, la brecha no se cierra: se agranda.

La consecuencia directa de esa escasez es el tiempo. Las listas de espera para una primera cita con psiquiatría en la sanidad pública se miden en meses. En muchas comunidades autónomas, en más de seis. El médico de atención primaria —que ve a su paciente entre cinco y ocho minutos— se enfrenta a un cuadro de ansiedad severa con dos opciones: derivar a un especialista que tardará semanas en recibirle, o prescribir un ansiolítico. Prescribe el ansiolítico. Lo hace con buena fe, sin alternativa real. Y así se construye el modelo español: España es el segundo país europeo en consumo de ansiolíticos, por detrás solo de Portugal, y el cuarto en consumo de antidepresivos. Las benzodiacepinas se consumen aquí a un ritmo que no tiene parangón en nuestro entorno. No porque los españoles estén más enfermos que los suecos o los holandeses, sino porque el sistema ha encontrado en la pastilla un sucedáneo de la escucha que no puede ofrecer.

Lo que piden los que saben

No hay conocimiento sin sufrimiento, me enseñaron. Tal vez, ¿malenseñaron?. Dando por válida esta máxima, escuchemos pues a quien más conoce. Precisamente porque es quien más ha sufrido.

El diagnóstico está hecho. Las asociaciones del sector, las familias, las sociedades científicas, el propio Congreso en su informe de septiembre de 2025, coinciden en una hoja de ruta que no requiere grandes debates ideológicos sino voluntad presupuestaria y organización sistémica. Las medidas no son nuevas: llevan siendo reclamadas desde hace veinte años. Lo nuevo es que ya no hay excusa para no escucharlas.

La Confederación Salud Mental España, que agrupa a decenas de asociaciones de personas con trastorno mental y sus familias, ha formulado durante años un decálogo de reivindicaciones que en sus líneas esenciales no ha variado: más recursos públicos, acceso universal y gratuito, enfoque de derechos humanos, atención específica a colectivos vulnerables —personas en prisión, sin hogar, migrantes, jóvenes LGTBIQ+—, y una escucha real de los que viven el problema desde dentro.

A sus demandas se suma la Organización de Consumidores y Usuarios, que exige una auditoría del sistema de listas de espera, y el Colegio Oficial de Psicología, que reclama una presencia más amplia y equitativa de psicólogos en todas las comunidades autónomas.

Hay algo que todas estas voces comparten y que va más allá de los protocolos y los presupuestos: la exigencia de que el sistema trate a la persona enferma como persona, no como diagnóstico. Que la consulta no sean cinco minutos y una receta. Que el alta hospitalaria no sea el final de la atención sino el comienzo de un seguimiento. Que la familia que cuida reciba apoyo antes de romperse. Que la escuela que detecta sepa qué hacer. Son peticiones que no cuestan dinero en su esencia. Sí cuestan tiempo, cuestan formación, cuestan cambiar una cultura institucional construida sobre la prisa y el número. El coste, la inversión, la inmersión cultural y social es y será la más beneficiosa, humanamente, que jamás podamos imaginar a realizar.

Medidas urgentes y necesarias. Consenso técnico y asociativo

• Duplicar como mínimo las plazas PIR anuales para psicólogos clínicos hasta alcanzar la ratio europea de 18 por cada 100 000 habitantes.

• Incorporar psicólogos clínicos a la atención primaria, como primer filtro antes de la derivación a especialistas y como alternativa real a la prescripción farmacológica.

• Reducir los tiempos de espera en salud mental especializada a un máximo de cuatro semanas para casos moderados y cuarenta y ocho horas para casos urgentes no hospitalarios.

• Desarrollar un modelo de atención comunitaria real, con equipos interdisciplinares en los barrios y los municipios pequeños, donde la distancia al especialista es hoy una barrera infranqueable.

• Aprobar un plan de deprescripción de psicofármacos que reduzca el uso de benzodiacepinas y antidepresivos en casos donde las intervenciones psicológicas serían más efectivas y menos dañinas.

• Reforzar los programas de salud mental en centros educativos, con protocolos claros para la detección precoz en infancia y adolescencia y formación obligatoria del profesorado.

• Garantizar la equidad territorial: las diferencias entre comunidades autónomas en ratios de profesionales, listas de espera y recursos comunitarios son hoy inaceptables.

• Invertir en investigación en salud mental hasta alcanzar el 10% del presupuesto sanitario destinado a enfermedades mentales, proporcional a su peso en la carga total de enfermedad.

Las consecuencias del abandono

El abandono de la salud mental no es solo una cuestión de sufrimiento individual —que sería razón suficiente— sino de coste colectivo. Los trastornos mentales son la primera causa de discapacidad en España y la primera causa de baja laboral de larga duración. La OMS calcula que por cada euro invertido en tratamiento de la depresión y la ansiedad se recuperan cuatro en productividad económica. España invierte en salud mental, según los datos del Ministerio de Sanidad, en torno al 5% del presupuesto sanitario total, prácticamente la mitad de la media europea. El coste de no invertir —medido en bajas, en pensiones de discapacidad, en familias que dejan de trabajar para cuidar a un pariente sin apoyo institucional— multiplica varias veces esa diferencia presupuestaria.

El modelo familiar de cuidados merece mención especial. El 88 % de las labores de atención a personas con trastorno mental grave las realizan cuidadoras informales: madres, hijos, parejas, amigos, vecinos. Sin formación. Sin descanso. Sin reconocimiento económico ni institucional. Son las mismas personas que aparecen en las estadísticas de burnout del cuidador, de depresión secundaria, de ruptura familiar. El sistema ha externalizado su fracaso al núcleo familiar y ha llamado a eso apoyo comunitario.

Si bien, sería injusto no registrar que algo está cambiando. No celebremos la victoria pero sí alberguemos hueco a la esperanza.

El descenso del suicidio en dos años consecutivos —aunque con la sombra del repunte adolescente— sugiere que las políticas de prevención, la Línea 024 y el trabajo de las asociaciones empiezan a dar fruto. La aprobación del Informe de la Subcomisión parlamentaria con 313 votos a favor es una señal de que el consenso político sobre la urgencia del problema es posible. La creciente visibilización de la salud mental en los medios, en las escuelas, en el discurso público —impulsada en parte por una generación joven que entiende que se debe normalizar el hablar de lo que siente— reduce el estigma que durante décadas ha sido la primera barrera para pedir ayuda.

Pero el horizonte optimista tiene una condición que los planes no siempre cumplen: el dinero. Los 57 millones comprometidos en 2025 para salud mental y prevención del suicidio son, en términos comparativos, una décima parte de lo que invierte Alemania en políticas similares para una población similar. Son un primer paso que se celebra como si fuera una llegada. Y el peligro de celebrar los primeros pasos como llegadas es que los sistemas se duermen en la autocomplacencia mientras los pacientes siguen esperando. Sufriendo. Con ellos, sus familias.

Volvamos a esa España de las persianas bajadas a las once de la mañana. A esa mujer o ese hombre que toma cada día la pastilla pequeña y espera. Lo que espera no es magia. No espera que la pastilla le devuelva el trabajo perdido, ni que cicatrice la soledad de un piso de cuarenta metros, ni que resuelva la deuda, ni que traiga de vuelta al hijo que se fue. Espera, simplemente, poder levantarse. Poder salir a la calle. Poder, en el mejor de los días, sentir que vale la pena.

Un sistema de salud mental digno no promete la felicidad. Promete acompañar ese intento. Promete que cuando alguien llame, haya alguien al otro lado que tenga tiempo. Que cuando un adolescente diga que no puede más, haya un adulto formado que sepa escuchar antes de reenviar al formulario de derivación. Que cuando una familia se quiebre por el peso del cuidado, no lo haga sola.

España tiene los datos, tiene los planes, tiene el consenso parlamentario y tiene la urgencia. Lo que falta, como tantas veces en la historia de este país, es la decisión de que lo que no sangra también importa. De que la herida invisible merece los mismos medios, la misma inversión y la misma voluntad política que cualquier otra herida.

Javi no es una cifra: era un chico con sueños, con familia, con personas que lo amaban profundamente, y con derecho a recibir la atención que necesitaba. La salud mental no puede seguir siendo la gran olvidada, escribía su madre. Ojalá ninguna otra madre tenga que escribir una carta como esta. Ese «ojalá» no es un deseo: es una exigencia. Y su cumplimiento depende, exactamente, de las decisiones que los gobiernos tomen o dejen de tomar a partir del lunes.

Porque al final, gobernar es saber que hay una España detrás de las persianas bajadas. El rostro bañado de lágrimas. El hombro familiar tan omnipresente como solitario y dolorido. Y decidir que no puede seguir esperando.