¿Podemos estar satisfechos de la comunicación política que se hace en la actualidad? Leí hace unos meses una entrevista a Juan Vizuete, natural de Benidorm, que fue premiado en Washington con el Napolitan Victory Award 2025, y su advertencia que merece ser subrayada: la gran asignatura pendiente de la política contemporánea no es hablar más, sino comunicar mejor. O, dicho de otro modo, comunicar con honestidad. No se refería únicamente a la mentira explícita, esa que puede desmentirse con un dato o una hemeroteca. Hablaba de algo más sofisticado y, por ello, más eficaz: las medias verdades, el encuadre interesado, el silencio selectivo. Esa práctica que no niega los hechos, pero los presenta de tal forma que el relato resultante termina siendo otra cosa.
La política ha asumido que la comunicación no es un complemento del poder, sino una de sus herramientas centrales. En un ecosistema mediático fragmentado, con redes sociales que amplifican emociones y titulares que compiten por segundos de atención, quien consigue imponer su versión de los acontecimientos gana ventaja. No necesariamente quien tiene razón, sino quien logra que su interpretación sea la dominante. Un ejemplo reciente ayuda a entender esta dinámica. Los mensajes de WhatsApp entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, conocidos tras la dana, mostraban la preocupación por “liderar la comunicación” y marcar el relato frente al Gobierno central en los primeros compases de la crisis. En un momento en que la ciudadanía demandaba coordinación, información clara y respuestas rápidas, la conversación política incluía también la necesidad de no perder la batalla narrativa.
No es un caso aislado ni patrimonio de un partido concreto. Es la lógica instalada en el sistema. La gestión de una crisis ya no se mide solo por la eficacia de las decisiones adoptadas, sino por la capacidad de explicarlas —y, en ocasiones, de reinterpretarlas— ante la opinión pública. La comunicación se convierte en escudo y en espada. Ahí entran en juego, pues, los gabinetes de comunicación. Su función formal es informar, contextualizar y proyectar la actividad institucional. Su función real, con frecuencia, es proteger al líder, minimizar daños y maximizar réditos. En la práctica, operan como centros de estrategia donde cada palabra se calibra, cada silencio se decide y cada comparecencia se planifica como un movimiento táctico.
En nuestro país, pocos nombres simbolizan mejor esa concepción de la comunicación política como construcción de relato que Miguel Ángel Rodríguez. Su etapa junto a José María Aznar marcó un antes y un después en la profesionalización del mensaje político. Décadas después, su influencia continúa al lado de Isabel Díaz Ayuso, donde la estrategia comunicativa ha convertido cada embate judicial o político en un episodio de confrontación ideológica, reforzando la cohesión del electorado propio frente a un adversario presentado como amenaza permanente. La construcción de determinados relatos en torno a investigaciones judiciales o la ofensiva discursiva contra el exfiscal general del Estado han sido ejemplos de cómo la narrativa puede reconfigurar la percepción pública de un conflicto. Más allá de la sustancia jurídica de cada caso, el patrón es reconocible: simplificación, polarización, identificación de un enemigo y apelación emocional. El debate técnico queda relegado; la batalla simbólica ocupa el centro.
¿Por qué persistir en esta estrategia incluso cuando se sabe que la verdad, tarde o temprano, termina emergiendo? La respuesta es tan pragmática como inquietante: porque funciona. Al menos a corto plazo. La política se mueve en ciclos electorales breves, en pulsos constantes por la agenda pública. El coste de una media verdad puede tardar años en materializarse; el beneficio de cohesionar a la base electoral es inmediato. Además, el entorno informativo favorece la fragmentación. Cada ciudadano consume medios afines a sus convicciones previas. Las rectificaciones circulan menos que los titulares iniciales. Y la sobreabundancia de información diluye responsabilidades. En ese contexto, la tentación de forzar el encuadre resulta comprensible desde el cálculo estratégico, aunque no desde la ética pública.
El problema no se limita a la política institucional. En universidades, colegios profesionales, asociaciones culturales o entidades empresariales, los responsables de comunicación —a menudo designados por los propios órganos de gobierno— pueden verse atrapados en la misma dinámica: priorizar la proyección de quienes dirigen la institución y relegar o invisibilizar voces críticas internas. La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿se comunica la realidad plural de la entidad o solo la versión conveniente para quienes la gestionan? La frontera entre estrategia y manipulación es delgada. Comunicar implica seleccionar; no todo puede contarse al mismo tiempo ni con la misma profundidad.
En democracia, la comunicación política no es un lujo, es una obligación. Los ciudadanos tienen derecho a entender qué se hace, por qué se hace y con qué consecuencias. Pero esa obligación se vacía de contenido cuando el mensaje se convierte en una construcción interesada que oculta más de lo que revela. Las medias verdades erosionan lentamente la confianza. No provocan siempre una reacción inmediata, pero van dejando sedimentos de escepticismo. Cada promesa incumplida reinterpretada, cada dato presentado sin contexto, cada adversario caricaturizado contribuye a un clima de sospecha permanente. Y en ese clima, la política pierde credibilidad, incluso cuando dice la verdad.
Los servidores públicos —y la clase política lo es por definición— tienen la responsabilidad de no mentir en beneficio propio. No solo por una exigencia moral, sino por una razón práctica: la verdad acaba saliendo. Y cuando emerge, no distingue siglas ni estrategias. Deja tras de sí promesas rotas, confianza deteriorada y, en demasiadas ocasiones, cadáveres políticos que sucumbieron no por la fuerza de sus adversarios, sino por el peso acumulado de sus propias medias verdades.
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