Sobre la huelga de jueces y fiscales

¿Extraño? Totalmente. ¿Justificado? Más que nunca. Y es que, no muchas veces habrán visto que estos juristas vayan a una huelga nacional y que defiendan en la calle sus potestades constitucionales a voz en grito, cual trabajadores del metal. ¡Qué escenas para la historia nos han dejado la semana pasada en la Plaza de la Villa de París de la capital del Reino!

Tengan por cierto que no hay motivos económicos detrás; los jueces son los servidores públicos españoles mejor pagados, precisamente, para evitar tentaciones malsanas que puedan dar al traste con su independencia e imparcialidad. Entonces, ¿cuál es la sustancia de sus proclamas? Lo resumo: evitar la subversión de los valores constitucionales básicos de nuestra convivencia y preservar la independencia de los jueces y magistrados del poder judicial frente a los ciudadanos y frente a todos los poderes públicos sin excepción, con sometimiento únicamente a la ley en el ejercicio de sus funciones, y con la debida responsabilidad —hasta penal— para el caso de incumplimiento de las mismas.

Pero… hagamos “memoria histórica”; y miren que me gusta poco esta sobada y maniquea expresión. En los casi 50 años de democracia que nos alumbran —incluyo los tres de la transición que fueron ejemplo donde los haya de responsabilidad y compromiso de Estado de sus protagonistas—, la obsesión de los gobiernos socialistas por controlar a la Justicia ha sido constante; tímida y de tapadillo con González, abierta y descarada con Zapatero, y enfermiza, zafia y populista con Sánchez, que hasta tiene un ministerio que se llama Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, todo junto y apuntando maneras; en fin, cada uno según su estilo. Al primero, el Tribunal Constitucional le afeó el atrevimiento de implantar la libre designación por las Cortes Generales de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero no lo cambió. Al segundo, las circunstancias electorales —afortunadamente— le impidieron sacar adelante su reforma del proceso penal, por la que toda la investigación de los delitos se encomendaba a la Fiscalía y los jueces de instrucción sólo intervenían cuando se trataba de limitar derechos fundamentales, en algunos casos; parangón con matices del modelo USA. Y el tercero… el tercero —mediante su ministro Bolaños— escapa a cualquier límite impuesto por la vergüenza, manipulando la información —de eso saben ellos mucho— sobre el estatuto constitucional de los jueces, haciéndole creer al respetable —que no al ciudadano— que, en la medida en que los jueces son parte del ahora conocido como “servicio público de Justicia” —expresión con la que se pasa el rodillo administrativista a todo, y aquí paz y después gloria— son susceptibles de ser seleccionados a casi gusto del Ejecutivo, por lo que pueda pasar. Intuyo que la finalidad última es facilitar un poder ejecutivo no más responsable de lo que le hagan las urnas, pues irresponsable moral ya lo viene siendo desde hace un largo rato.

De lo anterior pudiera deducirse que soy —cuanto menos— alarmista, agorera y hasta faltona; pero, créanme cuando les digo que los Santos Cerdanes, los Koldos, y los Ábalos son pecata minuta al lado de la grosera operación diseñada contra un poder judicial constitucionalmente situado por encima de los otros dos poderes del Estado. Dos tácticas convergen: de un lado, un constante desprestigio público de la labor de los jueces —la vicepresidenta Montero es experta en la materia—; de otro, la procura de su control efectivo, influyendo tanto en el acceso a la carrera, como en su alejamiento de la dirección de las investigaciones criminales, dando más poderes a los fiscales y facilitando la muerte civil de la acción popular. Piensen que, no en vano, los jueces tienen la obligación constitucional de ejercer justicia y de juzgar —si fuera el caso— incluso al propio Ejecutivo y al Legislativo.  

Este gobierno de coalición “progresista” que padecemos vende la bondad de sus anteproyectos de reforma del proceso penal y de acceso a las carreras de judicial y fiscal con oropeles y promesas de traer la excelencia a la impartición de la justicia, pasándolo todo por la túrmix de la igualdad de oportunidades de los aspirantes, que es reconocido mantra del populismo que pingües beneficios les ha traído. En ese contexto, proyectan una regularización excepcional y masiva de jueces interinos y un ingreso en la carrera judicial de profesionales juristas alterando el orden lógico de las pruebas de acceso (ahora se propone realizar primero la de valoración subjetiva de los conocimientos técnicos de los aspirantes y después la valoración objetiva de sus méritos profesionales); además, pretenden crear un organismo público para la preparación de oposiciones a juez o fiscal apoyándose en la monserga de que todos los ciudadanos pueden llegar a serlo al margen de sus recursos económicos —eso nunca se ha discutido—, y, también, convocar por ley más de 1000 becas anuales —Becas Seré— para pagar el salario mínimo interprofesional durante 4 años a los opositores a estas y a otras dos profesiones jurídicas —letrado de la Administración de Justicia y abogado del Estado—. Todo lo anterior se adereza con la implantación de la reforma del proceso penal que no pudo acometer Zapatero, la concesión de unos poderes casi ilimitados al Fiscal General del Estado, la reducción a mera decoración del Consejo Fiscal —verdadero contrapeso del anterior—, la falta de independencia económica de la fiscalía, y la posibilidad incluso de que un fiscal de base corrija disciplinariamente a abogados y procuradores durante la realización de actuaciones que aquél dirija.

Lo de las becas es capítulo aparte y no son comparables con las mini ayudas que concede el INAP —Instituto Nacional de Administración Pública— para los opositores a puestos de la Administración. Ya lo quisieran para sí los opositores a MIR, a BIR, a ingeniero del Estado, a notario, a profesor de cualquier grado de enseñanza, a policía… a… un largo etc. Pero no hay nada que ate más que una deuda moral, pues te la recuerdan siempre y no la olvidas nunca.     

Están jugando con fuego, y lo saben; pero no les importa. Nunca antes tan bolivarianos, nunca antes tan populistas, nunca antes tan irresponsables.

¡Ole por esos jueces y fiscales que han salido a las calles a defender nuestro Estado de derecho!