¿Si el fiscal general «es inocente» según Sánchez, si al final hay delito, quién delinquió?

Presentado como presidente del Gobierno el pasado lunes en la entrevista con la periodista Pepa Bueno en TVE, Pedro Sánchez aseguró con rotundidad, sin esperar nuevas decisiones judiciales, que el actual fiscal general del Estado “es inocente”. Y ahí nace la pregunta que se torna aquí en titular: ¿Si el fiscal general “es inocente” según Sánchez, si al final hay delito quiénes o quién delinquió?

Las preguntas surgen siempre de los hechos, de las realidades y sobre todo la mayoría de los interrogantes nacen de las afirmaciones humanas. “Al fiscal general del Estado ustedes le han manifestado su apoyo (desde el Gobierno) para que siga ahí (…). Pero, presidente, me gustaría escuchar por qué usted cree aceptable, en este momento y en este caso, que un fiscal general del Estado, que es el garante de la legalidad en España, pueda ejercer su función mientras se sienta en el banquillo de los acusados, algo que puede ocurrir perfectamente en el inmediato horizonte. ¿Por qué ve compatible eso para decir que tiene que seguir en el cargo?”, preguntó la veterana periodista.

“Porque es inocente”

La respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue tajante, contundente, sin titubeos, con voz muy segura de lo que estaba afirmando: “Porque es inocente. Porque creo en su inocencia. Porque creo que como dijo un voto particular que hemos conocido antes de que empezara el verano, en el mes de julio, un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba”. Se le olvidó al presidente del Gobierno que la votación fue por dos votos sí frente a uno no del voto particular.

“¿La inocencia quién la dictamina? ¿Los jueces o los próximos?”, le apostilló con valentía y rigor Pepa Bueno, la periodista que dirigía la entrevista.

“Los jueces, por supuesto, pero en todo caso me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz, el fiscal general del Estado, (…).”, aclaró el presidente del Gobierno.

Críticas a jueces

Al preguntarle Pepa Bueno por el procesamiento judicial de su esposa y de su hermano, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue más lejos y más atrevido que al defender al fiscal general del Estado: “(…). Aun confiando en la Justicia, y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así. De que hay un problema de desempeño, de instrucción, de ‘pena del telediario’ que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”.

“¿Qué hay jueces haciendo política y qué hay políticos que tratan de hacer justicia? Sin duda alguna la hay”, afirmó Pedro Sánchez presentado en Televisión Española por la entrevistadora como presidente del Gobierno.

¿Fiscal del Gobierno?

“Antes del informe de la UCO (Guardia Civil) ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado”, recalcó el presidente del Gobierno en rueda de prensa en diciembre de 2024.   

Cabe recordar aquí que el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey de España, a propuesta del Gobierno, y oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal en España.

García Ortiz fue propuesto el 19 de julio del 2022 por el Consejo de Ministros, nombrado por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto. Y a continuación realizó su juramento ante el rey Felipe VI en el Palacio Real de La Almudaina en Palma de Mallorca.

Lógica política. Últimas dudas con el ánimo periodístico de esclarecer hechos: ¿Si el fiscal general del Estado fuera supuestamente el fiscal general del Gobierno, como indicó el presidente Pedro Sánchez, y no fuera el del Estado, entonces, estaría en la obligación de acatar las directrices que le llegaran del Gobierno o del presidente del Gobierno? ¿Sería lógico en ese supuesto que el fiscal general del Estado sea considerado el responsable absoluto y primero de sus acciones? ¿La responsabilidad primera de las acciones del fiscal general del Estado recaería entonces más bien sobre las directrices de quienes o quien se las ordenó? ¿En el anterior supuesto y en gran medida resultaría verdad entonces que el fiscal general del Estado es inocente?

Isabel Perelló (CGPJ)

Este pasado viernes en Madrid, con la presencia del rey Felipe VI y del ministro de Justicia del PSOE que ha criticado las decisiones de algunos jueces, en el acto de apertura del nuevo año judicial, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, manifestó:

“Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en ésta. Por eso resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la Justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la Justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces”.

Estado de Derecho

Sentenció Isabel Perelló (CGPJ): “Estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado en la que rigen no sólo el principio de separación de poderes sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional. Son aceptables el acuerdo y la crítica, así lo hemos dicho en muchas ocasiones, porque nos ayudan a mejorar. Ambas, el acuerdo y la crítica son legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional”. Vale (cervantino).