El acoso escolar: el triunfo de los prepotentes

La mañana del 14 de octubre en Sevilla quedó marcada por el silencio de una tragedia: una niña de 14 años, identificada como Sandra, alumna del Colegio Irlandesas de Loreto, se precipitó desde su vivienda y falleció. La investigación abierta por la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa el presunto acoso escolar que sufría desde hacía meses y que los avisos de la familia al centro no tuvieron la respuesta adecuada. Este terrible suceso no es un caso aislado: es el eco público de una realidad que muchos viven en silencio. En ese silencio, quienes ejercen el acoso se sienten libres, impunes, superiores, dominantes —prepotentes—. Y la víctima se hunde sin remedio aparente.

Los datos más recientes muestran que el acoso escolar en España no solo persiste, sino que crece. Según el estudio reciente de Totto Vs Bullying, el 24,7 % de niños de 5 a 18 años afirma haber sufrido acoso escolar, lo que representa un aumento respecto al año previo. Otro informe de la Fundación ANAR de 2024 señala que el 9,4 % del alumnado ha sido víctima de acoso escolar y/o ciberacoso, y cerca del 6,5 % sufren acoso presencial. Estos porcentajes esconden una grave desigualdad en la sensación de seguridad: los agresores, aunque minoritarios en número, dominan la dinámica de poder invisible en muchos patios. Cierto es que el acoso (más conocido recientemente por su término en inglés, bullying) ha existido siempre. Incluso nuestra generación y otras anteriores lo sufrieron, pero esto no cambia nada, porque, con el desarrollo de las redes sociales, ha encontrado nuevas fórmulas de acción que llegan a la intimidad de quien lo sufre.

Detrás del acoso escolar hay siempre una relación de poder donde quienes agreden se colocan por encima de la víctima, con derecho a humillar, excluir, maltratar. Como explicaba la psicóloga Belén Colomina en una entrevista de hace unos meses, “el bullying no es cosa de niños sino un problema de toda la sociedad”.  Y en esa afirmación reside parte de la clave: la agresión no se da en un vacío, se apoya en dinámicas mayores, en estructuras invisibles de dominación. El agresor busca reconocimiento, poder, popularidad o sentirse “por encima” de la norma. Cuando no se le pone freno, esa sensación de triunfo se refuerza. En algunos entornos escolares se premia la competitividad, el destacar, el “ser más fuerte”. Eso puede derivar en que algunos consideren que humillar o someter es un atajo hacia ese estatus. Con las nuevas tecnologías, el acoso no termina en el aula o el patio; las redes sociales se convierten en prolongación de la agresión. Los agresores pueden humillar a cualquier hora, desde cualquier lugar, multiplicando su alcance y reduciendo la visibilidad de la víctima. Si a eso sumamos que los protocolos internos de los centros, como parece que ha sido el caso de Sevilla, han fallado, tenemos el caldo de cultivo y de desarrollo de quienes actúan impunemente, de manera que cada agresor siente menos responsabilidad, los demás validan la conducta, y la víctima se siente aún más aislada.

La víctima de acoso vive una sensación de indefensión continua, de espera que no llega, de dolor que se multiplica. La psicóloga Colomina detalla los efectos: ansiedad, bajo rendimiento escolar, trastornos del sueño, fobia al colegio, alteraciones alimentarias y, en muchos casos, ideación suicida. En el caso de Sandra, la familia ya había denunciado el acoso y relataba que “no se intentó ponerle freno”, sólo un cambio de aula sin que tuviera más efecto para parar la tragedia. Esa omisión convierte al centro en cómplice pasivo de la tragedia. Que una niña de 14 años vea la única fuga en la muerte es un drama insoportable, pero no sorprende si se entiende el mecanismo: humillación recurrente + soledad + ausencia de intervención = desesperanza. Los protocolos existen, sí, pero cumplieron poco porque no se aplicaron. Cuando un centro no actúa de forma decidida, favorece el “triunfo” de los prepotentes.

Para revertir la prepotencia del agresor y devolver dignidad a la víctima, se requieren soluciones claras, rápidas y coordinadas, como una formación obligatoria y continua del profesorado y de los equipos directivos. Del mismo modo, mientras se activa rápidamente el protocolo, hay que incluir a la familia como parte esencial de la intervención. Hay que empoderar a los testigos, los otros alumnos, para que no sean meros observadores: tienen que intervenir en el apoyo a la víctima o a denunciar la situación creada. Es necesaria igualmente una prevención emocional y temprana para frenar en seco cualquier atisbo de presión sobre un alumno o alumna.

El acoso escolar es, pues, mucho más que un episodio de “mal comportamiento” o una broma pesada que se fue de las manos. Es una estructura de dominación, donde los prepotentes ejercen control, y las víctimas quedan atrapadas. Cuando esos mecanismos no se frenan —cuando los protocolos fallan, cuando los testigos callan, cuando la dirección no actúa—, el sufrimiento se intensifica y puede terminar en lo peor: la muerte. El caso de Sandra en Sevilla es un grito desesperado que no podemos ignorar. Es la evidencia de que, sin intervención real, sin contención efectiva, los agresores celebran su triunfo y las víctimas pagan el precio. Si permitimos que la prepotencia se asiente en las aulas, estamos renunciando a la dignidad de los menores, al deber de la escuela y al futuro de nuestra sociedad. Debemos actuar hoy —con urgencia, con compromiso, sin excusas— para que ningún otro niño o niña sienta que la única salida es dejar de existir. La prepotencia tiene que perder; la empatía, la justicia y el cuidado deben ganar o, de lo contrario, habremos fracasado nuevamente en la construcción de una sociedad justa e igualitaria.

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