Algún político con ingenio pronunció en alguna ocasión la frase «Si anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente es un pato».
Y como toda frase o palabra que hace fortuna, muchos son en la política y en el periodismo los que sin ingenio y como papagayos repiten en su oratoria o en su escritura este recurso tomado de otros, por lo que la frase ha llegado a hacerse odiosa. Tan odiosa como otras expresiones de políticos —y tertulianos, que no es lo mismo que periodistas… O sí— que sueltan el “me ocupa y preocupa”, “distinto y distante”, “de modo y manera” y varias más de ese repertorio pedorro. Hay en español expresiones que sustituirían muy adecuadamente el rollo del pato y de forma más breve, como decir “verde y con asas” o “blanco y en botella”. Pero pese a mi rechazo a los tópicos tengo que conceder que el discurso del pato ha dado lugar a la fórmula sociológica llamada “la prueba del pato”, que consiste en aplicar las premisas a cualquier problema o situación y hallar a partir de la misma una conclusión lógica, más que lógica, evidente, de esas “de Perogrullo”.
Y todo esto viene a cuento de que voy a referirme al juicio al que en las últimas dos semanas ha sido sometido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en el que los periodistas han tenido un protagonismo desmesurado y en mi opinión inadecuado. Bien está que si te llaman a declarar en un procedimiento vayas y depongas lo que consideres conveniente con arreglo a tu conciencia. Pero al aplicar la prueba del pato observo que a estos periodistas no les han llamado, sino que se han presentado voluntarios; al menos uno de ellos, el de El País, se fue a un notario a contarle que a él no le había enviado ningún correo secreto el propio fiscal general del Estado, cuando nadie le había preguntado y cuando su propio periódico fue a rebufo de otros en este asunto informativo. Claro, luego contó que había ido al notario a decir eso y, así como por casualidad, fue citado por la defensa del sospechoso. Al notario podrían —podríamos— haber ido cientos, miles de periodistas a declarar que García Ortiz no nos había filtrado nada. Eso no prueba nada.
La prueba del pato detecta que los periodistas que han declarado a favor del fiscal García Ortiz pertenecen todos a medios que se distinguieron en la publicación de la gran exclusiva; si bien la exclusiva les fue pisada, merced a sus dotes adivinatorias, por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, justamente la encargada de Hacienda que conocía el expediente que dio origen a todo ésto. También se detecta que todos esos periodistas participantes en la defensa tienen en común una legítima posición constantemente crítica hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo novio era el secreto expedientado, ya no tan secreto a partir de la metedura de pata de la vicepresidenta, que requirió para taparla la urgente filtración horas después de documentos que ampararan su insólita revelación. Bien es verdad que la batalla de los correos filtrados la inició Miguel Ángel Rodríguez, difundiendo una verdad a medias, pero lo hizo horas después de que el asunto explotase.
Además con el tiempo el pato nadó y se echó a nadar, o ya pasó a la fase de graznido, y borró de un plumazo mensajes y correos que iban a ser investigados y que demostrarían su implicación posiblemente delictiva en las filtraciones, aunque ahora, súbitamente, se alegue en su entorno que esos mensajes borrados demostrarían su inocencia. El mundo al revés.
La controversia ha marcado el juicio y se han reducido las posibilidades de condena. Yo creo que no va a ser condenado, pues se aplicará el principio in dubio, pro reo. Si se tuviera en cuenta entre los mecanismos probatorios “la prueba del pato” sería condenado, pero no podemos admitir que la justicia descienda a ese nivel, ni siquiera aunque haya precedentes de que sobre un asunto importante se haya emitido sentencia aplicando el criterio «blanco y en botella» o «verde y con asas», es decir, condenas basadas en indicios.
Un poco de paciencia, que lo sabremos pronto.












Mi duda preferida en este asunto
es:
Cómo un periodista que presume de profesionalidad
argumenta en su declaración frente al juez
que está obligado a mantener el secreto profesional sobre la fuente informativa
CUANDO SU SILENCIO PUEDE ESTAR ACREDITANDO UNA MENTIRA O FALSEDAD QUE ADEMÁS PERJUDICA A UN TERCERO
ahora ya condenado (el fiscal general del Estado)…
Porque considero que nuestra ética,
desde el sentido común,
NOS OBLIGA A DESVELAR LA FUENTE INFORMATIVA
PARA QUE SIEMPRE
prevalezca siempre siempre
siempre siempre
LA VERDAD…
El resto creo que puede entenderse como
MENTIRA y FALSEDAD
PD: Será por indicios de sesgo en sumisión manifiesta
(sin credibilidad por esconder la supuesta fuente informativa)
que el juez desestimó el testimonio de un periodista que, por suerte, nada representa la OBJETIVIDAD del periodismo siempre
DEVOTO Y FIEL A LA VERDAD…
Gracias