España y los aforamientos

Un privilegio anacrónico en la Europa del siglo XXI.

Mientras en la mayor parte de Europa los políticos rinden cuentas ante los mismos tribunales que los ciudadanos de a pie, España sigue aferrada a un sistema de aforamientos que, lejos de proteger la justicia, la enturbia y la ensombrece. La singularidad española en este ámbito no es motivo de orgullo, sino de perplejidad. ¿Por qué un diputado, un senador o un alto cargo autonómico debe ser juzgado en instancias especiales, cuando en Alemania, Francia o Suecia eso no ocurre?

Hay un mito llamado de la protección frente a «persecuciones políticas», que la verdad es un argumento clásico para defender el aforamiento y que evita que los cargos públicos sean víctimas de acusaciones infundadas por motivos políticos.

Sin embargo, la realidad desmonta esta justificación, ya que en países como Alemania los parlamentarios solo gozan de inmunidad durante su mandato. En Alemania ningún político tiene fuero especial y cualquier acusación penal se tramita en los tribunales ordinarios. Lo mismo ocurre en Francia, donde la Cour de Justice de la République, que juzgaba a ministros, fue reformada en 2022 para reducir su politización.

En España, en cambio, el número de aforados supera los 25 000 entre políticos, jueces, militares y funcionarios, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Un sistema que, en lugar de blindar la independencia judicial, ha servido demasiadas veces para dilatar procesos o incluso para evitar condenas. ¡Vergonzoso!

La desconfianza ciudadana se dispara ante la larga lista de escándalos que continúa creciendo, desde presidentes autonómicos absueltos, tras años de juicio en tribunales superiores, hasta casos de corrupción que se eternizan en instancias privilegiadas. Mientras, en países como Noruega o Dinamarca (teóricos referentes en transparencia) ningún cargo público disfruta de este trato diferenciado. Allí, la igualdad ante la ley no es un eslogan, sino una práctica real.

El contraste es aún más llamativo en el sur de Europa. Italia, por ejemplo, suprimió en 1993 los tribunales especiales para políticos tras el escándalo Mani Pulite, solamente la presidenta de la República actual tiene una inmunidad temporal. Portugal tampoco contempla aforamientos masivos y solo el presidente tiene inmunidad, también solo durante el mandato. Países Bajos y Bélgica ofrecen a sus políticos solo protección simbólica, es decir, ningún aforamiento.

Por su parte, España insiste en mantener una excepción que, según organizaciones como Transparency International, debilita la credibilidad de las instituciones y da alas a los corruptos para que sigan alimentando sus cuentas bancarias en paraísos fiscales como estamos viendo según reflejan algunos medios (pocos a mi entender) de dinero evadido y robado a todos los españoles que pagamos impuestos. Impuestos que son el precio de vivir en sociedad y tener un estado de bienestar, pero cuya utilización genera frecuentes polémicas  gracias a políticos de todos los colores e ideologías que piensan, no en mejorar la situación de sus ciudadanos sino en enriquecerse rápidamente y sin medida para que el tiempo que estén en la política les resuelva el resto de sus vidas.

A pesar de las críticas, los intentos por limitar los aforamientos han chocado una y otra vez con la resistencia de la clase política. En 2023, el PSOE de Pedro Sánchez prometió una reforma para reducirlos, pero la iniciativa quedó en agua de borrajas. PP y Vox, por su parte, defienden el statu quo alegando «seguridad jurídica». Mientras, partidos como Podemos, Sumar o Ciudadanos han variado su posición según conveniencia.

Europa, sin embargo, sigue otro camino. La Comisión Europea ha señalado en informes sobre el Estado de derecho que los sistemas judiciales diferenciados para políticos generan «sospechas de impunidad». Y en España, el 72 % de los ciudadanos cree que los aforamientos deberían eliminarse, según el último barómetro del CIS.

El aforamiento español no es un mecanismo de protección, sino un vestigio del viejo corporativismo que alimenta la desconfianza en la justicia. Si el objetivo es equipararse a las democracias avanzadas, el camino no pasa por mantener privilegios, sino por garantizar que todos, incluidos quienes gobiernan, respondan ante los mismos jueces. Como dijo el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA (recordemos uno de los socios del actual gobierno):

«La justicia debe ser igual para todos, o no será justicia».

Mientras eso no ocurra, España seguirá siendo, en esto, la excepción que confirma la regla europea. Y no precisamente para bien.