Los pasillos del poder europeo en Bruselas, siempre pulcros y con el olor a café recién hecho y decisiones trascendentales, fueron testigos el martes de una escena que, para muchos españoles, raya lo surrealista. Mientras ciudadanos de a pie en Barcelona, Madrid o Sevilla se afanaban en comenzar su jornada laboral, preocupados por la hipoteca y la cesta de la compra, el presidente de la Generalitat Catalana que fue ministro de Sanidad, Salvador Illa, se sentaba a una mesa con Carles Puigdemont.
No fue una coincidencia fortuita en un café de turno. No fue un cruce de palabras protocolario en un corrillo de un cortijo. Fue una reunión oficial, solicitada, agendada y celebrada en la sede del partido político que Puigdemont preside desde la distancia de la impunidad. El mismo hombre que, en otoño de 2017, declaró ilegalmente la independencia de Cataluña, fracturando la convivencia y desafiando abiertamente la Constitución que Illa, como ministro que fue de España, juró defender.
Y he aquí la primera y más profunda de las paradojas que indignan a cualquier español de bien ¿Cómo es posible que un representante del Estado se siente a negociar con quien no cree en la existencia misma de ese Estado?
La narrativa oficial se viste de pragmatismo y se habla de «diálogo», de «apaciguamiento», de «buscar soluciones», pero se esconden detrás del eufemismo de la «política de la distensión». Suena bien, suena adulto, suena responsable. Pero bajo ese manto de aparente cordura, late una contradicción que corroe los cimientos de la democracia donde se está premiando la insumisión. Se está normalizando que la vía para conseguir relevancia política pase por saltarse a la torera las leyes, desafiar a los tribunales y huir para seguir agitando el conflicto.
Puigdemont no es un interlocutor más. Es la encarnación de un desafío secesionista que quebró la ley y que su presencia en Bélgica es un recordatorio constante de una huida y humillación de la justicia española, ahora enturbiada por complejos entramados de amnistías y perdones políticos. Illa, en nombre del Gobierno de España, viaja a Bruselas y, en la práctica, legitima a un fugitivo como contraparte válida. Le concede el estatus que tanto anhela “el de presidente de una república” que solo existe en sus actos unilateralmente declarados.
Pero la crítica más feroz no es solo hacia la foto de la reunión, es hacia el sistema que la ha hecho posible. Es indignante que formaciones políticas que abiertamente proclaman su deslealtad al marco constitucional, no solo Junts, también ERC, ostenten una importancia decisiva en el Gobierno de la nación. Su apoyo no es un mero respaldo parlamentario, sino el pilar sin el cual el ejecutivo se derrumba. Esto significa que, para sacar adelante cualquier presupuesto del Estado o leyes cruciales, es necesario negociar y ceder ante quienes trabajan para desmantelar ese mismo Estado. Es un juego perverso de equilibrios donde la gobernabilidad se paga con concesiones que siempre suponen transferir más competencias o recursos a las mismas comunidades que las utilizan como trampolín para su proyecto secesionista. Se alimenta con la propia mano al animal que dice querer devorarte, con la esperanza de que, a cambio, no muerda… por ahora.
La reunión Illa-Puigdemont en Bruselas no es un acto de estadistas valientes sino la crónica de una rendición anunciada. Es la constatación de que, en la España de hoy, la deslealtad y la desafección al proyecto común no son un lastre, sino la moneda de cambio con más valor.
Mientras, el ciudadano que cree en España, en su unidad y en el imperio de la ley para todos por igual, asiste perplejo e indignado a un espectáculo donde quienes rompieron las reglas no solo no salen penalizados, sino que se convierten en indispensables. El mensaje que se envía es tan claro como peligroso en un desafío independentista, si es persistente y suficientemente disruptivo, no solo sale gratis, sino que sale rentable. Y eso, señores, es la más profunda de las injusticias que este Gobierno está permitiendo.
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