Entre el relato idealizado y la cruda realidad.
España ha sido históricamente un país de acogida y un puente entre continentes y culturas. Sin embargo, en los últimos años, la llegada masiva de inmigrantes marroquíes, la mayoría (por no decir todos) de forma irregular, ha generado un debate social incómodo pero necesario. Mientras el discurso políticamente correcto insiste en pintar a todos los inmigrantes como víctimas o trabajadores honrados, las cifras oficiales y la experiencia diaria en barrios como El Príncipe Alfonso en Ceuta o La Mina en Barcelona (entre otros muchos) cuentan otra historia muy distinta y es el aumento preocupante de la delincuencia vinculada a ciertos colectivos, entre los que destacan los procedentes de Marruecos.
Ya sé que algunos de mis compañeros vais a tachar mi discurso de racista, xenófobo e incluso fascista, término este último muy de moda para describir a ciudadanos o profesionales que no piensan de la forma que otros llaman progresista (hipócritas). Creedme, soy todo lo contrario, pero terminando Sociología descubrí muchos datos oficiales de la realidad en España y la inmigración irregular apoyada por colectivos e incluso leyes se convierte en una opción fácil, cuando no debería ser así. No es lo mismo emigrar que invadir. Los españoles que salen al extranjero en busca de oportunidades como los miles de jóvenes que se han marchado a Alemania o Reino Unido lo hacen con visado, contrato y respetando las normas del país de acogida. En cambio, según datos de la Policía Nacional, Marruecos es la principal nacionalidad de origen (no europeo) entre los detenidos por delitos de robo, tráfico de drogas o agresiones en ciudades como Madrid, Barcelona o Melilla, donde estuve viviendo nueve meses de mi vida cumpliendo en Regulares con mi deber, según me decía el Estado en aquel momento.
En Melilla y Ceuta, donde la población marroquí es mayoritaria entre los inmigrantes irregulares, los índices de delincuencia son un 40 % superiores a la media nacional (datos de la Fiscalía General del Estado, 2021).
«No se puede equiparar quien llega con un permiso de trabajo con quien salta la valla de Melilla con la intención de vivir al margen de la ley», señala un informe del Instituto de Estudios Estratégicos y Sociales (IEES).
El problema no es la inmigración en sí, sino la irregularidad y la falta de filtros. Mientras países como Canadá o Australia seleccionan a sus inmigrantes por cualificación, España sigue permitiendo entradas masivas sin control, saturando los servicios sociales y, en muchos casos, facilitando la expansión de mafias y redes de delincuencia. Parece que no nos damos cuenta que estos acontecimientos y las constantes ayudas sociales hacen un efecto llamada. ¿Solidaridad o ingenuidad?
Un informe del Ministerio del Interior (2022) señala que los ciudadanos marroquíes son la segunda nacionalidad más detenida en España, solo por detrás de los rumanos, con altas cifras en delitos de robo (23 %), tráfico de drogas (18%) y falsificación documental.
«La inmigración debe ser ordenada y legal. No es racismo pedir que se respeten las leyes; es sentido común. Cuando la gente ve que los ilegales reciben ayudas mientras los autóctonos pasan dificultades, la convivencia se rompe», afirma Rosa Díez (UPyD).
Otro factor que alimenta esta situación es el generoso sistema de ayudas sociales español, que actúa como un imán para quienes buscan beneficiarse sin aportar. Mientras un español que emigra a Francia o Suiza debe pagar su alquiler y su Sanidad desde el primer día, en España se entregan subsidios y viviendas de protección a personas que, en muchos casos, ni siquiera están empadronadas legalmente. El resultado es evidente: barrios enteros donde la inseguridad crece, comercios que cierran por los robos recurrentes y vecinos que ya no se sienten seguros en sus propias calles. ¿Es esta la integración que queremos?
A ver si nos enteramos de una vez que regular no es racismo, es sentido común y responsabilidad. España no puede convertirse en el patio trasero de Europa, donde cualquiera entra sin pasar por un filtro básico. Si los españoles que emigran deben cumplir las leyes de otros países, es justo exigir lo mismo a quienes llegan aquí. La solución no pasa por demonizar a todos los marroquíes, hay muchos que trabajan honradamente, pero sí por controlar las fronteras y deportar a quienes entren ilegalmente.
Revisar las ayudas sociales, priorizar a quienes contribuyen y no a quienes delinquen, y a los menores en centros (desbordados) lo primero que se tendría que hacer es volver a enviarlos con sus familias a sus países de origen y no retenerlos en España. Hay que exigir reciprocidad, si Marruecos no facilita la repatriación de sus delincuentes, ¿por qué seguimos dando trato preferente a sus ciudadanos?
«La inmigración sin control es una amenaza para el Estado de bienestar y la cohesión social», dice Ángela Merkel.
Los españoles tenemos todo el derecho a vivir en un país seguro, sin miedo a ser robados o agredidos. Y eso solo se consigue con leyes firmes, no con buenas intenciones.
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