Tras la presentación de los últimos presupuestos del gobierno del Botánic, cifrado en 16.706 millones de euros de gasto no financiero que suponen un aumento de un 10,7% más respecto a los anteriores, cabe aterrizar estas cifras en clave provincial. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante ha realizado un informe donde denuncia “una falta de concreción en la definición de las diferentes partidas”, y destaca que de los 293 millones de euros que el Consell tiene previsto invertir en actuaciones territorializadas en la provincia de Alicante, sólo 74 irán destinados a proyectos concretos. Del resto, 219 millones de euros, se desconoce dónde se invertirán.
Alicante a la cola
Otro de los aspectos que INECA denuncia es que la Generalitat sigue sin aplicar el principio de equidad poblacional, pues de los 269,4 millones de euros anunciados en inversiones reales de los 645 que tiene previsto territorializar –el resto, 376 millones, no está concretado, el peor dato en 12 años-, la provincia de Alicante recibirá el 27,5%, Valencia el 48,5% y Castellón el 21%. Dichos porcentajes chocan con los datos de población d el Instituto Nacional de Estadística, que señala a la provincia de Alicante con 1.825.332 habitantes, la de Valencia con 2.540.707 y la de Castelló con 175.470 habitantes. Según los cálculos de INECA, serían necesarios 25,4 millones de euros más destinados a la provincia de Alicante para que se alcanzara el equilibrio poblacional.
Este desajuste se suma a los registrados desde el año 2008, y alcanza ya los 304,6 millones de euros. Ello se traduce en que la inversión per cápita para 2019 será de 40,58 € para cada alicantino, mientras los residentes en Valencia recibirán 51,45€ y los vecinos de Castellón se beneficiarán de 112,28€.
Falta de transparencia
Una de los inconvenientes que destaca INECA es la falta de transparencia y eficacia a la hora de publicar las cifras presupuestarias y sus destinos. Según Francisco Llopis, autor del informe, desde 2008 no se ha actualizado el formato de presentación con la incorporación de nuevas aplicaciones que faciliten su consulta. De este modo, Llopis se lamenta de que “los presupuestos del 2000 eran más fáciles de analizar porque tenían buscadores que facilitaban la consulta de capítulos y partidas concretas”. Una paradoja en la era de las nuevas tecnologías y su aplicación a todas las facetas de la vida, como la educación o la sanidad que, sin embargo, choca cuando se trata de acceder a la información institucional relativa al gasto e inversión de los caudales públicos que, en opinión de Llopis, “son prácticas generalizadas a nivel estatal, autonómico y local (con algunas excepciones) en los últimos años”.
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