Opinión

Residencias de mayores: que no nos engañe el algodón

Imagen: Gerd Altmann.

El porcentaje de personas mayores de 65 años fallecidas por el covid-19 (datos a 27 de abril) es superior al 90 por ciento del total (aunque son menos de la mitad de los enfermos). Si tenemos en cuenta que tres de cada cuatro residentes lo son en establecimientos de carácter privado (el 75 por ciento), y que de éstos un tercio aproximado lo es de carácter “concertado”, podemos colegir que la mitad, más o menos, de todos los longevos están subvencionados por la Administración y la otra mitad por sus propios recursos y/o de sus familiares. Añado el dato de que las administraciones públicas han tenido que “intervenir” en un notable número de residencias, y que la Fiscalía ha abierto, cuando esto escribo, 121 diligencias civiles y 110 penales en relación con “los derechos individuales y colectivos de estas personas en situación de vulnerabilidad”.

Reconozco que siempre he pensado que, llegado el momento de ser incapaces, mi santa y yo, de valernos por nosotros mismos o con una moderada ayuda ajena, en aras de no complicar la vida de nuestros hijos –incluidos los mal llamados políticos– , ya bastante ajetreados por el trabajo y los nietos, buscaríamos la forma de “residirnos” en un establecimiento especializado.

Antiguamente estos espacios eran prácticamente asilos, gestionados en su mayor parte por órdenes religiosas femeninas, que ahora son prácticamente testimoniales. También habría los escasos dependientes de diputaciones o de algún que otro ayuntamiento. Los que conocí de joven– no darían hoy el perfil de las más mínimas exigencias. Los poquísimos que conozco hoy parecen desde fuera –como visitante puntual– bastante mejores que aquellos de entonces, pues ofrecen amplios espacios, habitaciones individuales o para parejas, ocio, actividades sociales, acaso piscinas adaptadas, etc. Y en la publicidad, que alguna vez he ojeado, hasta prometen “asistencia geriátrica permanente”.

Lo curioso, en tiempos de pandemia, es que responsables de las empresas privadas se quejen de que la Administración no les provea de materiales, de asistencia, de servicios…, que en buena medida parece que debían estar en el marco de una gestión responsable, en su catálogo de prestaciones. Hay quien se pregunta cómo es posible que haya accedido el virus de forma tan frontal y agresiva en estos centros (¿acaso compran material en los “chinos” del barrio?, ¿tan cara es la lejía que no desinfectan con la asiduidad necesaria?, ¿no disponen de espacios donde albergar a los enfermos, alejados del resto?, me han llegado a guasapear entre otras chorradas). No he encontrado datos estadísticos sobre el número de enfermos y fallecidos según el modelo de residencias, por lo que es difícil colegir cuál de los dos formatos –público o privado– ha salido mejor parado de este ataque vírico. Espero que en el futuro podamos conocerlos y ello nos ayude a pedir a nuestros gestores políticos las medidas más adecuadas para mejorar el cuidado de los residentes, estableciendo mínimos de calidad y controles en fondo y forma.

Se asegura que de esta crisis nacerán nuevas formas de relación, de trabajo, de transporte, de turismo… y de atención a los longevos, viejos, ancianos o abuelos  Sólo espero que si llega el momento de tomar una decisión –o de que la tomen por mí– para alojarme en una residencia de personas mayores –¡qué eufemismo!– la gestión sea impecable; que la forma de gestión (privada  o pública) no impida que al pasar el algodón éste no nos muestre la suciedad oculta de una mala praxis.

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Toni Gil

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