Opinión

Okupar y ocuparse

Fotografía: Johannes Wünsch.

Las noticias sobre okupaciones de viviendas, siendo probablemente numerosas, han encontrado bastante espacio en los últimos meses en muchos medios con los añadidos de sus diferentes características: bien que los okupantes hubieran puesto sus reales en un inmueble más o menos abandonado en un entorno que hasta entonces era tranquilo y ahora con un flujo de vecinos y visitantes que no resultaban cómodos al resto, bien por continuas disputas, tráfico de drogas y otros desmanes; bien, porque se había okupado una vivienda por familias realmente necesitadas y cuando sus propietarios habían regresado no pudieron acceder, con el consiguiente desencanto y a menudo alboroto, siempre molesto para el resto del vecindario. En otros casos, la okupación se creaba de hecho al dejar de pagar el alquiler a los arrendatarios, sin que éstos pudieran reaccionar en defensa de sus derechos de forma contundente. Curiosamente, también en algunas ocasiones las viviendas okupadas eran propiedad de entidades bancarias o grandes inmobiliarias, pero esta circunstancia no parecía preocupar demasiado a nadie.

Y… ¿cuál era la respuesta que el “sistema” tenía preparada para estas circunstancias? Sencillo: por un lado, han emergido algunas empresas que se preocupan de desokupar a los descarados inquilinos, no sabemos si utilizando armas sicológicas o de otro tipo. De otro, inmobiliarias que aseguran un cobro seguro del alquiler, que parece deban tener una desconocida varita mágica para certificar tal aserto. Y, por último, unas intensas campañas publicitarias de compañías de seguridad privada que te instalan en un plis plas un “sistema de defensa” a prueba de okupas. 

Antes estas situaciones se decía que la legislación vigente no permitía actuar con la inmediatez necesaria. Y, sin embargo, de pronto surgen órdenes desde la Fiscalía y toda la maquinaria judicial y policial asegura que sí se debe y sí se puede, y uno se pregunta si acaso le han okupado el apartamento al ministro de Justicia para que se haya efectuado este cambio de criterio. Naturalmente, en perjuicio no solo de los okupantes sino también de las empresas que estaban aprovechando esta situación.

Y hablando de las viviendas de Bancos, aunque la mayoría están trasvasadas a fondos de inversión, ahora que los Ayuntamientos tienen la posibilidad de invertir (lo han reclamado, lo han conseguido) los ahorros, los superávits o simplemente lo que no han sabido gastar, podrían ocuparse (esta vez sin k) y dedicar algún esfuerzo a recuperar algunas de esas viviendas las más baratas, probablemente– para destinarlas a fines sociales, y aliviando así el inventario de inmuebles inútiles (¡para qué sirven si no se usan!).

Y si aún les resta capital disponible, al que habría que añadir el que venga de Europa –además de a los municipios, agrego aquí a la Diputación y demás administraciones– también podrían ocuparse en desbloquear proyectos ralentizados, inacabados, no empezados y todos muy demandados, desde colegios cuyos barracones ya son estudio de arqueólogos, mejora de carreteras comarcales y caminos rurales, centros de salud y ampliación de hospitales, circunvalaciones, obras hidráulicas que eviten las riadas y muchos más etcéteras.

En el fondo, prefiero que los políticos yerren por acción que por vaguería. Que justifiquen su sueldo, pues de lo contrario cabría acusarles de okupas de poltronas.

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Toni Gil

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