Reportajes

Leyes de la ciencia

Fotografía: Public Domain Pictures (Fuente: Pixabay).

Tras haber analizado la perspectiva legislativa postpandemia en los planos general, de la sanidad, de la economía y de la educación, paso ahora a contemplar la situación en uno de los capítulos tradicionalmente abandonados por nuestros políticos. Me refiero al epígrafe, tan importante, de la ciencia y la investigación, que al tiempo está conectado con el desarrollo de las universidades.

La leyenda negra contra nuestro país ha difundido que España ha sido y es una nación muy atrasada en lo científico. Y ello es solo relativamente cierto. Una cosa es el abandono en los Presupuestos Generales del Estado del capítulo de la ciencia y la investigación, y otra muy distinta es afirmar que no haya tenido nuestro país grandes científicos a lo largo de la historia (lo que es una auténtica falacia).

En el siglo de oro, por poner un significativo ejemplo, hemos contado con figuras eminentes admiradas en toda Europa como, entre otros, Rodrigo Zamorano y Pedro Ciruelo.

Siguen las grandes personalidades en siglos posteriores y muchos ilustres nombres ponen sello de oro a la ciencia hispana en la España moderna. Ejemplos de esta rica plétora son Hugo de Omerique, Benito Bails, Julio Rey Pastor, Esteban Terradas, Pedro Puig Adam y una innumerable serie de grandes sabios. No podemos olvidar a dos premios Nobel en este campo, como  Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa.

Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906 con Medicina en 1906 junto a Camillo Golgi (Fuente: Wikimedia).

Es preciso elaborar un registro oficial de investigadores en nuestro país atendiendo a una normativa y a unas condiciones determinadas. Un carnet especial de investigador; sería un justo reconocimiento a la labor realizada. Este paso supondría además la facilitación para el acceso a becas y ayudas y la necesaria publicidad de sus méritos y currículums.

Igualmente, la ley debería contemplar un registro oficial de instituciones científicas, tanto estatales o paraestatales como privadas. Todo ello, con las debidas autorizaciones y dentro de lo que la normativa general de nuestro sistema permita. En este último punto se pueden incluir numerosas fundaciones que propician o amparan tareas de investigación. Las secciones de obras sociales o equivalentes de los grandes bancos, asimismo estarían en este contexto.

El intercambio de investigaciones con el extranjero es esencial, pues supone un enriquecimiento de las realizaciones en España y su difusión fuera de nuestras fronteras. El intercambio de científicos debe ser una fecunda realidad.

Severo Ochoa, premio Nobel de Fisiología o Medicina, junto a Arthur Kornberg, fotografía de Associated Press en 1950 (Fuente: Wikipedia).

Y no olvidemos el marco legal que propicia y ofrece la Unión Europea, a la que pertenecemos.

En los medios de comunicación, los programas científicos prácticamente brillan por su ausencia. La nueva ley establecerá unas pautas, unas líneas, para que el hecho científico tenga notable presencia, pues es esta una de las maneras de que llegue al gran público y a la sociedad la ciencia. Recordemos al llorado Rodríguez de la Fuente, que con “El hombre y la tierra” arrasaba en audiencia. Hay que encontrar motivaciones y guiones que sean atractivos.

Y el despertar vocaciones por la ciencia y la investigación en escuelas e institutos ha de ser un objetivo clave de esa ley marco que preconizamos.

Las retribuciones, el aspecto económico, resulta fundamental. Científicos mal pagados, con sueldos muy bajos e inestabilidad laboral, solo pueden apoyarse en su “inquebrantable” vocación y su abnegada dedicación a la ciencia para su trabajo, y eso es claramente insuficiente. Ahí reside una de las causas de que muchos especialistas se vayan al extranjero con ofertas más atractivas que las que se ofrecen en España. Y perdemos un rico potencial.

Félix Samuel Rodríguez de la Fuente (Poza de la Sal, 14 de marzo de 1928-Shaktoolik, 14 de marzo de 1980). Fuente: RTVE.

Sucede con la legislación en estas materias lo mismo que explicaba al tratar de las disposiciones legales educativas. Cada partido en el Gobierno elabora su propia ley, y no hay una continuidad y conexión. Se camina dando “bandazos”.

La legislación vigente es inconexa e incompleta, y se requiere una normativa de conjunto, realista y práctica. Tenemos la  Ley 14/2011, de 1 de junio, denominada Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (que sustituye a la Ley de la Ciencia del año 1986). Contamos, además, de forma actualizada, con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Integra cuatro programas estatales:

  • Promoción del talento.
  • Generación de conocimiento y fortalecimiento del sistema.
  • Liderazgo empresarial en I+D+i (Investigación, desarrollo e investigación tecnológica).
  • I+D+i orientados a los retos de la sociedad.

Y de ahí se desgranan múltiples disposiciones nuevas (decretos, órdenes, circulares…).

En España hay numerosos organismos dedicados a la ciencia y a la investigación, de diverso tipo y basamento. Un reciente estudio, muy prestigioso, enumera algunos de los más fundamentales organismos, entre los que se encuentran:

  • Barcelona Graduate School of Economics (Área de ciencias sociales y humanidades).
  • C. Medicina y Ciencias de la Vida (CNIO) –de lucha contra el cáncer; Universidad Carlos III–.
  • Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en Madrid.
  • Instituto de investigación biomédica de Barcelona.
  • C.C. de Físicos e Ingenieros.
  • Centro Nacional de Computación.
  • Instituto de Ciencias Matemáticas.
  • Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO).
  • Instituto de Astrofísica de Canarias.

Y así podríamos continuar.

No podemos olvidar a nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas ni a las Facultades de Ciencias, esparcidas por todas las universidades de España.

Fachada del edificio central del CSIC, en Madrid. Fotografía: Luis García (Fuente Wikimedia).

Y naturalmente por el motivo de la pandemia, el conjunto de científicos buscando un tratamiento contra el virus en laboratorios farmacéuticos y centros similares, en labor encomiable.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es una institución que está considerada por su importancia como la novena del mundo en el campo de la ciencia, y que fue creada en el año 1939. Alberga en su seno como personal investigador,  a muchos matemáticos, físicos, químicos… Su sede central está en Madrid y dispone de ciento treinta centros vinculados al Consejo, por toda España. Su primer director fue D. José Ibáñez Martín. Está adscrito al Ministerio de Educación (MCEI).

Todo un conjunto de medidas efectivas, se incluirían en esa nueva ley orgánica, que denominamos postpandémica.

Resumiendo lo anteriormente expuesto y completándolo, tendríamos estos campos preferentes de aplicación:

  1. Mayor asignación económica en los Presupuestos Generales del Estado.
  2. Mejora significativa de la retribución de los investigadores.
  3. Registros oficiales de investigadores y de centros de investigación, así como un nomenclátor de las investigaciones principales, en curso, en proyecto y antecedentes.
  4. Intercambios con el extranjero. Conexión estrecha con la Unión Europea (UE).
  5. Becas a investigadores.
  6. Promoción de talentos desde las escuelas.
  7. Difusión en los medios de  comunicación y redes sociales.
  8. Creación de un Ministerio propio (sería un Ministerio de la Ciencia) y de unas direcciones generales ad hoc. Todo ello como complementos efectivos.
  9. Publicaciones.
  10. Proteger, potenciar y prestigiar las Reales Academias dedicadas a la tarea científica, entre ellas la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Real Sociedad Matemática.

En suma, estimamos que esta Ley Orgánica de la Ciencia sería un elemento clave en la mayor potenciación de lo científico en España. Todo ello se inscribiría dentro de un acuerdo marco, de consenso y coordinación entre los principales partidos, para caminar con optimismo en la senda de reconstrucción de  nuestra maltrecha ciencia e  investigación.

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José Moratinos Iglesias

Doctor en Ciencias de la Educación, diplomado en Psicología, profundo conocedor de la Psicopedagogía e Instructor de Tiempo Libre con sus estudios de Magisterio.

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