Al paso

Alfonso Guerra, Sánchez y Montesquieu

Montesquieu (1689-1755). Fuente: Colección Chateau Versailles.

Montesquieu ha muerto dicen que dijo Alfonso Guerra, en 1985, tras la reforma de la Ley del Poder Judicial, por la que iba a ser el parlamento quien designara a los miembros del Consejo General. Gobernaba el PSOE de Felipe y Ar(l)fonso con mayoría absoluta y les pudo la soberbia y el ansia de controlarlo todo. Casi lograron hacer realidad la profecía de Guerra, que “a España no la va a reconocer ni la madre que la parió”. Los votos les dieron el Poder Ejecutivo y el Legislativo y, abusando del uno y del otro coparon también el Judicial. Fabricaron una democracia casi ‘orgánica’, como la de los franquistas. El peligro de absolutismo era evidente. Menos mal que Felipe González era menos Largo Caballero que Guerra y eso permitió casi trece años de gobernanza de un socialismo moderado, una socialdemocracia de estilo alemán y nada ‘stalinista’.

Pero algo ha cambiado en el PSOE con el bienio sanchista que amenaza con prolongarse cuatro años más en alianza con los leninistas de Unidas Podemos y los apoyos nada gratuitos de peneuvistas y, especialmente, de independentistas catalanes que han contagiado ya a Sánchez del lenguaje que les conviene sobre el ‘conflicto catalán’ y la ‘judicialización del procés’, poniendo en tela de juicio no ya el delito de rebelión, sino hasta el de sedición. Sánchez se deja querer por su camarada Iceta y nadie sabe cómo va a terminar lo de la ‘mesa bilateral’. Los Torra y Junqueras insisten en hablar de una mesa entre España y Cataluña y no entre Cataluña y el Gobierno de España, que no es lo mismo. España no negocia con Cataluña, porque Cataluña es una parte de España y eso está en el ‘ordenamiento jurídico’, cuya ley de leyes es la Constitución, a la que, por ahora, respetan el ‘insomne y mentiroso’ Sánchez y su fiel ‘escudera’ Carmen Calvo.

No creo que el ‘presi’ y la ‘vice’ se avengan a aceptar la propuesta de los irredentos independentistas sobre la presencia de un relator, mediador o moderador extranjero. Eso ya no sería una bajada de pantalones sino una internacionalización del ‘conflicto’ y un reconocimiento de hecho de la república catalana en la clandestinidad, situación que no podría quedar impune y merecería la denuncia ante el Constitucional contra Sánchez posiblemente por traición o por grave delito contra la seguridad del Estado español, según lo previsto en el artículo 102 de la Constitución. (El lenguaje independentista se está metiendo, insensatamente, en los medios de comunicación. Leo en periódicos y escucho en las televisiones “Cataluña y España, puestos a la par, en lugar de decir lo correcto: Cataluña y el resto de España).

Sánchez debe palparse la ropa y contentarse con casi arruinar al resto de comunidades autónomas para llenar de millones y millones en inversiones a Cataluña. Pero el tiempo le jugará una mala pasada. Si se cree que con millones de euros va a conseguir que los independentistas dejen de serlo, se equivoca. El menú de la mesa bilateral se le va a atragantar independientemente de que, a la larga, le va a sobrevenir una diarrea mental que ya se anuncia con su descarado desprecio al Poder Judicial y a la monarquía.

No solo habla ya el lenguaje de los independentistas (“hay que buscar soluciones políticas a problemas políticos”), sino que les halaga con promesas de más TV3, más catalanismo en las aulas y más dinero para abrir ‘embajadas’ en el extranjero.

Cuestiones son todas ellas que abundan en fomentar el antiespañolismo. El Gobierno de Sánchez se ha metido en la boca del lobo y menos mal si no lo vemos en la primera sesión de la mesa bilateral poniéndose el lazo amarillo para hacerse el simpático a Torra, un presidente ‘inhabilitado’ que huele a cadáver político por más que Sánchez quiera resucitarlo, con la ayuda de Pablo Iglesias, que vaya ayuda meter en las negociaciones a un miembro del Gobierno, vicepresidente por más señas, partidario del derecho a decidir.

Eso sí, todo lo que tramen Sánchez y Calvo para Cataluña será, dicen, dentro del cauce del ‘ordenamiento jurídico”. Es un eufemismo para no nombrar la Constitución, que a los independentistas les produce alergia. Lo que ignoro es cómo aceptan los Junqueras y Torra lo de ‘jurídico’. Seguramente les habrá prometido Sánchez que una cosa es el ordenamiento jurídico y otra el Poder Judicial. Las malas lenguas hablan de que los sanchistas están a favor de la politización de la justicia, que es la fórmula para cargarse el Poder Judicial, un pilar sin el que, según Montesquieu, no hay democracia. Bueno, según Montesquieu y según cualquier alumno de primero de Ciencias Políticas. Claro que Pedro Sánchez no estudió Ciencias Políticas, sino Economía, materia de la que es doctor casi en funciones pues está demostrado que copió, pero no lo suficiente como para presentar la dimisión. Doctorado ‘cum laude’ en mentiras, recibe con una sonrisa los insultos de los independentistas que le llaman ‘represor’. Se arrepiente de haber apoyado a Rajoy con el 155 y está dispuesto a ceder en todo para seguir siendo presidente. ¿En todo? El artículo 102 de la Constitución -reitero- pende sobre su cabeza cual cuchilla de guillotina pronta a descabezarlo.

Con cabeza o sin cabeza (o con muy poca cabeza) Sánchez sigue sin dar una a derechas. Vale que arremeta contra el franquismo y todo lo que sea ultraderecha. De acuerdo. Pero historiadores y catedráticos creen que meter a los ‘dictadores franquistas’ en el Código Penal y dejar fuera a los ‘dictadores comunistas’ no tiene sentido. No solo no condena la dictadura comunista sino que mete comunistas en su Gobierno. Decididamente Pedro Sánchez necesita hacer un máster sobre democracia.

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Ramón Gómez Carrión

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